El Gobierno nacional volvió a presionar al Congreso tras el hundimiento de la reforma laboral, esta vez con una advertencia política clara: quienes se opongan a la consulta popular podrían pagar las consecuencias en las elecciones legislativas de 2026.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, fue quien lanzó la advertencia durante una declaración pública tras el discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, el 1 de mayo. El funcionario aseguró que si el Senado impide la realización de la consulta popular, la ciudadanía se encargará de cobrarles esa decisión en las urnas. “El pueblo pasará factura de cobro a quienes le nieguen la posibilidad de expresarse en las urnas en esta consulta popular”, afirmó.

Según explicó, la Ley 1757 de 2015 da un plazo de hasta 30 días al Senado para pronunciarse sobre la conveniencia de convocar una consulta popular. Si no lo hace en ese tiempo, el presidente quedaría automáticamente habilitado para convocarla por decreto. Así lo reiteró el propio mandatario días antes, señalando que el Congreso no tiene la última palabra: “El presidente, por decreto, convoca la consulta, tal cual dice la ley”.

Riesgo político en 2026

Sanguino insistió en que el rechazo a la consulta sería visto como un bloqueo al derecho de millones de trabajadores de expresarse sobre sus condiciones laborales, en momentos en que el país discute una nueva reforma laboral. “Esa decisión no la pueden tomar ocho senadores que de manera mezquina se atravesaron y no permitieron el trámite de la reforma”, declaró.

El mensaje fue reforzado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también advirtió sobre las consecuencias políticas que podrían enfrentar los congresistas. “El presidente no ha amenazado con revocar el Congreso. Lo que dijo es que quienes no apoyen la consulta probablemente no serán reelegidos. Es el pueblo quien decidirá”, aclaró.

Si el Senado aprueba el texto radicado el 1 de mayo, el presidente deberá convocar oficialmente las elecciones dentro de un plazo de tres meses. En ese escenario, se conformarían comités por el Sí y por el No, avalados por el Consejo Nacional Electoral.

Por ahora, el futuro de la consulta depende del Congreso. Pero el Gobierno ya dejó claro que no cederá en su intento por permitir que los colombianos decidan directamente sobre los temas laborales. Y también dejó claro que quienes la bloqueen, lo harán bajo su propia responsabilidad política.