La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo condenatorio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por irregularidades en contratos destinados a la dotación escolar del departamento. El alto tribunal lo halló culpable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y ordenó que permanezca privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras se define el monto definitivo de la pena.

Durante la audiencia, Castillo solicitó cumplir la condena en su casa alegando razones familiares. “Sobre todo por mi hijo adolescente, quien requiere el apoyo de su padre para que lo oriente y pueda ser una persona de bien el día de mañana”, expresó con voz entrecortada, sin lograr conmover a los magistrados.

El proceso en su contra se originó en contratos adjudicados durante su administración por más de $24.000 millones para mobiliario escolar. Según la Corte, Castillo no solo avaló cotizaciones falsas y requisitos desproporcionados que limitaban la libre competencia, sino que también dirigió el proceso con el fin de beneficiar al Consorcio Educando Arauca. “Todo el trámite se elaboró y desarrolló con el único propósito de darle apariencia de legalidad a una contratación que vulneraba los principios de planeación, transparencia y economía”, advirtió la Sala de Primera Instancia.

La investigación reveló que los estudios previos no fueron producto de análisis técnicos ni financieros rigurosos, sino que se sustentaron en documentos apócrifos. Dos de las tres cotizaciones empleadas eran falsas, y los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones excluían a otros oferentes al exigir, entre otras cosas, una experiencia mínima de 12 años y la concurrencia del proveedor a varias etapas del proceso.

Aunque la Corte absolvió a Castillo del delito de peculado por apropiación —al considerar que no se probó con certeza un detrimento patrimonial superior a $1.400 millones—, sí concluyó que el exmandatario tuvo control absoluto de la contratación y no puede escudarse en sus subalternos.

“Conocía las irregularidades y orientó su voluntad hacia la realización del hecho, actuando con plena consciencia del resultado”, afirma el fallo, dejando claro que no existió un principio de confianza legítimo hacia su equipo.

El exgobernador seguirá detenido mientras la Corte determina la duración de la condena que deberá cumplir por estos hechos de corrupción que afectaron los recursos públicos del sistema educativo de Arauca.