La elección del magistrado Vladimir Fernández a la Corte Constitucional ha quedado bajo la lupa tras revelaciones que apuntan a un posible caso de corrupción. Según información publicada por la revista Semana, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, declaró ante la Fiscalía que entregó $1.500 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, días antes de la votación que eligió a Fernández el 17 de octubre de 2023.

El dinero, presuntamente proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría sido parte de un esquema para asegurar la designación de Fernández, quien fue ternado por el presidente Gustavo Petro. Además, conversaciones de WhatsApp reveladas por Semana sugieren que el mandatario y su equipo podrían haber estado al tanto de estos movimientos, lo que ha desatado una oleada de críticas en contra del Gobierno y la Corte.

La controversia se intensifica por la trayectoria del magistrado, quien anteriormente fue secretario jurídico de la Presidencia. Su cercanía con Petro ya había generado preocupación entre sectores políticos por la posible pérdida de independencia de la Corte Constitucional.

Las denuncias también se producen en un contexto de decisiones judiciales clave. La Corte ha tomado posiciones relevantes en casos como la suspensión del proceso contra Petro en el CNE por presunta financiación irregular de su campaña y la reciente negativa a tumbar la consulta popular convocada por el Gobierno.

En redes sociales, numerosas voces han exigido la renuncia de Fernández y una investigación exhaustiva sobre el presunto soborno. Mientras tanto, el silencio del magistrado mantiene la tensión en uno de los órganos más relevantes para la democracia del país.