La carta pública que Álvaro Leyva Durán, excanciller de Colombia, dirigió al presidente Gustavo Petro, constituye un episodio atípico en la política reciente del país, sobre todo por la forma, el contenido y el contexto en el que se produce. Pocas veces un exministro ha recurrido a un recurso tan personal, extenso y acusatorio, sin presentar pruebas verificables ni respaldo institucional.

El documento no tiene carácter de denuncia formal ni se apoya en evidencia objetiva. En esencia, es una declaración subjetiva, construida a partir de recuerdos, reproches y advertencias morales. Aunque su tono directo le ha otorgado impacto mediático, su valor como herramienta de fiscalización es limitado. Leyva no presenta un informe técnico ni una queja fundamentada, sino una interpretación individual de su experiencia en el gobierno, marcada por una fuerte carga emocional.

En toda democracia es natural que existan diferencias entre exfuncionarios y quienes continúan en el poder. Lo preocupante en este caso no es el desacuerdo político, sino el modo en que se expresa. La carta se aleja del debate de ideas para adentrarse en insinuaciones de carácter personal. Referencias a la salud del presidente, su vida privada o la influencia de personas cercanas, sin sustento fáctico, contribuyen a desviar la atención pública de los temas sustantivos y entorpecen una deliberación democrática basada en hechos.

Desde el punto de vista comunicacional, la misiva parece responder a una lógica simbólica más que institucional. Se publica en un momento en el que otras figuras cercanas al gobierno también han expresado su distanciamiento. En este contexto, la carta puede leerse como parte de una narrativa de ruptura en la que Leyva busca redefinir su lugar en el debate público, pasando de actor gubernamental a referente ético y opositor crítico.

Más allá del contenido, el documento rompe con las formas tradicionales de la diplomacia, disciplina que Leyva ha representado durante décadas. Reconocido por su estilo reservado y su habilidad para manejar temas sensibles con prudencia, sorprende que haya optado por una carta de tono emocional, cargada de señalamientos personales, enviada por canales públicos.

Técnicamente es una carta formal —firmada, con estructura y sello de recibido—, pero en su contenido se aleja de los principios básicos del oficio diplomático, que privilegia la mesura, la discreción y la argumentación técnica. En lugar de un análisis sobre política exterior o la gestión institucional, la misiva adopta un enfoque testimonial, incluso confesional, que tensiona la imagen de seriedad y sobriedad que Leyva cultivó durante su carrera.

Hasta ahora, la Presidencia ha optado por no responder directamente. Este silencio puede interpretarse como una estrategia de contención, para evitar una confrontación personalizada y mantener el foco en la gestión pública. Esta postura parece orientada a preservar la estabilidad institucional frente a acusaciones que no han sido acompañadas de pruebas verificables.

El episodio deja varias enseñanzas relevantes. Primero, la necesidad de trazar límites entre lo personal y lo público en la política. Segundo, que la crítica pierde legitimidad cuando se basa en impresiones personales y no en datos contrastables. Y tercero, que tanto medios como ciudadanía deben estar alerta para distinguir entre una denuncia seria y una narrativa construida desde la decepción o el resentimiento.

Lo de Leyva no puede reducirse a un simple desencuentro político. Es una ruptura con componentes personales, estratégicos e ideológicos. Y aunque toda democracia debe permitir el disenso, es fundamental cuidar los canales, el tono y el fundamento de las críticas. De lo contrario, el debate se convierte en espectáculo y la política en revancha.

Colombia necesita voces críticas, sí. Pero necesita aún más críticas responsables, bien sustentadas y constructivas. La democracia se defiende no solo con libertad de expresión, sino también con rigor y responsabilidad.

Por Jairo Castillo