El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica institucional al emitir una alocución presidencial en cadena nacional, a pesar del fallo del Consejo de Estado que le prohíbe usar los canales de televisión abierta para transmitir consejos de ministros. La intervención, realizada desde la Casa de Nariño, fue presentada por el mandatario como una alocución y no como una sesión de gabinete, lo que según él no contraviene la decisión judicial.

“Esto no es un Consejo de Ministros (…) esta es una alocución presidencial. Si nos van a censurar las alocuciones presidenciales entonces mejor den el golpe de Estado, y veremos a ver si ganan”, afirmó Petro con tono desafiante.

El Consejo de Estado había ordenado, vía tutela, que el Gobierno se abstuviera de transmitir consejos de ministros por medios públicos y privados, al considerar que se vulneran los principios de pluralismo informativo y el uso equitativo del espectro electromagnético. En respuesta, el mandatario cambió el formato, pero mantuvo la difusión por todos los canales del país, generando críticas sobre un posible desacato.

Durante su intervención, Petro aseguró que el fallo judicial responde a intereses de élites económicas y políticas que buscan silenciar al Ejecutivo: “Molestaba mucho a ciertos intereses políticos y económicos muy minoritarios, pero muy poderosos en la sociedad colombiana”. Además, defendió su derecho a dirigirse al país, argumentando que “todos los canales son públicos porque usan el espectro electromagnético, que es inenajenable”.

El Gobierno presentó un recurso de nulidad del fallo ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Según el abogado Smeither Cifuentes Chaparro, quien representó al mandatario, el presidente no fue notificado ni vinculado adecuadamente durante el proceso, lo que, a su juicio, vulnera el derecho al debido proceso.

Mientras se resuelve la solicitud, Petro anunció que seguirá recurriendo a las alocuciones presidenciales como vía de comunicación directa con los ciudadanos. No obstante, sectores jurídicos advirtieron que este mecanismo podría ser considerado una violación indirecta al fallo, lo que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.