La elección de Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional ha despertado fuertes reacciones en sectores de la oposición, que solicitan que se declare impedido en varias decisiones sensibles relacionadas con el actual gobierno.

Fernández, quien fue ternado por el presidente Gustavo Petro y se desempeñaba como secretario jurídico de la Casa de Nariño, fue elegido por la plenaria del Senado para reemplazar al magistrado saliente Alejandro Linares. Su nombramiento recibió apoyo de congresistas de distintos partidos, incluyendo algunos opositores que lo consideran un jurista competente. Sin embargo, también ha generado reparos por su cercanía con el Ejecutivo.

La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) advirtió que, dada su posición previa como funcionario del Gobierno, Fernández no debería intervenir en demandas que cuestionan políticas clave del actual mandato, como la creación del Ministerio de la Igualdad y el Plan Nacional de Desarrollo. “Esperamos que se impida en los casos que hoy están en el despacho que va a ocupar”, afirmó.

El debate se intensificó tras conocerse que Fernández solicitó suspender la investigación contra el presidente Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras se resuelve una tutela presentada por el mandatario. Desde el Centro Democrático consideran que este tipo de actuaciones comprometen la imparcialidad del nuevo magistrado.

“El magistrado Vladimir Fernández está actuando como apoderado del presidente y no como miembro de una alta corte”, dijo el representante Hernán Cadavid, quien cuestionó duramente que el togado intervenga en procesos que podrían beneficiar a quien lo postuló.

Según Cadavid, Fernández debería apartarse de todos los casos relacionados con el presidente y su campaña electoral para preservar la credibilidad de la justicia. “Está dañando el nombre de la Corte y la confianza en las instituciones”, sostuvo.

Mientras tanto, en el CNE crece la incertidumbre por la decisión que pueda adoptar la Corte Constitucional sobre su competencia para investigar campañas presidenciales. Algunas fuentes consideran que un fallo adverso podría socavar las funciones del organismo y debilitar el control electoral en el país.