El presidente Gustavo Petro reafirmó su decisión de convocar una consulta popular que permita a los ciudadanos definir el destino de las reformas de salud y laboral, archivadas recientemente por el Congreso. En un mensaje publicado este domingo en redes sociales, el mandatario insistió en que esta medida busca contrarrestar lo que calificó como un sistema corrupto que obstaculiza los cambios estructurales que promueve su gobierno.

Petro señaló que, tras más de dos años de intentar un acuerdo nacional, las puertas al diálogo se han cerrado. “El poder estatal está al desnudo, atrapado en un régimen de corrupción que no respeta el Estado social de derecho”, afirmó. Según el presidente, la consulta popular será una herramienta para devolverle la voz al pueblo y avanzar hacia una democracia más directa.

La idea de la consulta tomó fuerza el 11 de marzo, cuando el hundimiento de las reformas en la Comisión Séptima del Senado desató una ola de críticas. La propuesta para convocar a las urnas debe pasar por la plenaria del Senado en los próximos días y, de aprobarse, podría realizarse antes de finales de julio. “Que el pueblo decida”, reiteró Petro, subrayando que esta será la vía para superar el bloqueo legislativo.

En su mensaje, el mandatario también acusó a sectores del poder de intentar silenciar su gobierno. Habló de una supuesta censura a una alocución presidencial, que calificó como un “golpe” a la Constitución, y señaló la existencia de un esquema corrupto que, según él, desvía recursos públicos de la salud hacia intereses privados. “Son billones de pesos capturados por unas pocas familias”, aseguró, sin detallar nombres.

Petro sostuvo que esta red de corrupción permea instituciones judiciales, policiales y hasta algunos medios de comunicación, financiados, según él, por grandes capitales. Estas declaraciones han generado reacciones encontradas, con sectores que apoyan su llamado al pueblo y otros que advierten sobre el riesgo de polarizar aún más el ambiente político.

El anuncio llega en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, tras el fracaso de las reformas que buscaban transformar el sistema de salud y las condiciones laborales. La consulta, de concretarse, pondría a prueba la capacidad del gobierno para movilizar a la ciudadanía en torno a su agenda de cambio. Mientras tanto, el debate sobre la legitimidad y viabilidad de esta iniciativa apenas comienza.