La Fiscalía General de la Nación imputó este martes 8 de abril cargos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a diez exfuncionarios de su administración por presuntas irregularidades en la gestión del lote Aguas Vivas. En audiencia ante el Juzgado 50 de Garantías, el ente acusador afirmó que los implicados buscaron adquirir un terreno que ya pertenecía al municipio, favoreciendo a privados con un avalúo inflado de 48.000 millones de pesos.

El caso se remonta a diciembre de 2019, cuando los propietarios originales de Aguas Vivas (las firmas IDC Inversiones SAS y Técnicas Constructivas SAS) cedieron gratuitamente el predio a la Alcaldía como compensación urbanística, según la Fiscalía. Sin embargo, en 2020, durante la gestión de Quintero, los privados presionaron para revertir la cesión o recibir una compensación económica. Aunque técnicos municipales rechazaron inicialmente estas pretensiones, altos funcionarios habrían intervenido para facilitar un cambio en el trato.

La fiscal destacó que se elaboró un avalúo que elevó el valor del lote de 2.700 millones a 48.000 millones de pesos, pese a que ya era propiedad pública. Este monto, según el ente investigador, apuntaba a justificar una conciliación millonaria con los antiguos dueños. Además, Quintero firmó un decreto en 2023 que modificó el uso del suelo sin autorización del Concejo de Medellín, permitiendo potenciales desarrollos urbanísticos que beneficiarían a terceros. “Se vulneró la ley 388 al intentar comprar un bien que ya era del Estado”, afirmó la fiscal.

Entre los imputados están exsecretarios como Carlos Mario Montoya (Gestión Territorial), Karen Bibiana Delgado (Suministros) y Fabio Andrés García Trujillo (quien firmó la reversión del terreno), junto a subsecretarios como Sergio López (Planeación) y Alethia Arango. También figuran representantes de las empresas privadas, Juan Diego Moreno (IDC) y José Fernando Rueda (Técnicas Constructivas). La Fiscalía los acusa de peculado por apropiación, interés indebido en contratos y prevaricato.

Reveses judiciales y tensiones políticas

El proceso incluyó mesas técnicas y un comité de conciliación que, según la Fiscalía, ignoraron conceptos jurídicos contrarios a los privados. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado anularon la conciliación, frenando el desembolso de fondos públicos. La audiencia, pospuesta dos veces por excusas de la defensa, enfrentó otro obstáculo: la ausencia de abogados para dos procesadas llevó a la fiscal a pedir que se las excluya temporalmente para avanzar.

El caso ha avivado el enfrentamiento entre Quintero y el actual alcalde, Federico Gutiérrez, quien denunció las irregularidades. Quintero, por su parte, alega persecución política y apunta a supuestas responsabilidades de Gutiérrez en la cesión inicial. El proceso sigue abierto, con posibles repercusiones en la gestión urbana de Medellín.