El Gobierno de Gustavo Petro reafirmó su decisión de llevar a cabo una consulta popular sobre la reforma laboral, desafiando las críticas del Partido Liberal y su propuesta alternativa. En la presentación de la plataforma web del proceso, los ministros Armando Benedetti (Interior) y Antonio Sanguino (Trabajo) aseguraron que la consulta avanzará “sí o sí”, incluso si el Senado no la respalda en el plazo de un mes.

Benedetti fue tajante: “La consulta va porque va”. Explicó que, si los puntos de la “mini reforma” liberal coinciden con los del Gobierno, no hay conflicto en que el pueblo decida en lugar de los senadores. Por ley, si la plenaria del Senado no se pronuncia en 30 días tras la solicitud de Petro, el presidente puede convocar directamente las elecciones. “Es impensable que el Congreso bloquee esto, como no lo hizo con Uribe ni Santos”, agregó Sanguino, confiado en que no habrá oposición suficiente para frenarla.

Sanguino criticó el proyecto liberal, al que llamó “un bonsái” de dos artículos frente a los 82 de la reforma oficial. “Invitamos a los senadores liberales a votar por la consulta en plenaria”, dijo, defendiendo que temas como el pago completo en festivos, la estabilidad laboral y los derechos de trabajadores digitales merecen la voz ciudadana.

La oposición, liderada por sectores liberales, cuestiona el costo de la consulta (estimado entre 700 mil y un billón de pesos) y la acusa de ser una estrategia política para 2026. Benedetti rechazó estas sospechas: “No es un negocio ni una campaña, es sobre derechos laborales”. Aseguró que el proceso se limitará a la reforma laboral, descartando temas como salud, pensiones o la extensión del mandato de Petro. “En democracia, cada peso invertido vale la pena”, justificó.

El Gobierno defiende la consulta como una herramienta para actualizar normas laborales estancadas desde 1950, mientras la oposición insiste en que es un derroche con fines electorales. Con el reloj corriendo, la decisión final podría recaer en los ciudadanos si el Senado no actúa.