El Congreso de la República eligió este martes a Álvaro Echeverry Londoño como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) con 205 votos, superando ampliamente a Plinio Alarcón, quien obtuvo 50.

Postulado por Colombia Justa Libres, pero respaldado por el Pacto Histórico y sectores afines al Gobierno, Echeverry reemplaza a César Lorduy (Cambio Radical), cuya renuncia en diciembre pasado dejó una vacante clave en el organismo que investiga la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades financieras.

La elección, que generó controversia, inclinó la balanza en el CNE a favor del oficialismo. En la Cámara, Echeverry obtuvo 141 votos frente a 29 de Alarcón, mientras en el Senado sacó 63 contra 21. El Centro Democrático denunció falta de transparencia en el proceso, alegando que no se les notificó a tiempo para postular candidatos, pero sus reclamos fueron desestimados. La ausencia de un aspirante de Cambio Radical, que optó por priorizar la presidencia de la Cámara en la próxima legislatura, facilitó el camino de Echeverry.

El CNE, compuesto por nueve magistrados, había mostrado en 2023 una mayoría de seis a favor de investigar a Petro por superar los topes electorales en más de 5.000 millones de pesos. Ese bloque incluía a Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y el exmagistrado Lorduy. Con la llegada de Echeverry, cercano al oficialismo por su rol en la recuperación de 500.000 votos para el Pacto Histórico en 2022, el equilibrio cambia.

Ahora, el grupo opuesto a la investigación suma cuatro votos seguros: Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Echeverry. Esto podría complicar las decisiones sobre el caso Petro, debilitando la posición de la mayoría previa. Aunque el voto de Echeverry no garantiza un archivo automático del proceso, su alineación con el Gobierno genera dudas sobre la imparcialidad del CNE en un caso que sigue en etapa administrativa.