En una alocución este martes 25 de marzo, el presidente Gustavo Petro instruyó a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía contra funcionarios de Audifarma por acaparar medicamentos. Calificó la práctica como un “insulto” a Colombia, afirmando: “Ya sabemos que son responsables de la mayoría de las quejas por acaparamiento, está demostrado, y la Constitución obliga a denunciar estos crímenes”. Petro subrayó que este acto pone en jaque la salud pública y exige respuestas legales.

El mandatario también reveló que su gobierno solicitó el levantamiento del velo corporativo de los gestores farmacéuticos para identificar a los propietarios detrás de empresas como Audifarma. “Quiero saber quiénes están detrás de este desastre”, dijo, vinculando el caso a una estrategia para desestabilizar su administración. La orden llega tras hallazgos como las 113.000 dosis de insulina almacenadas, que han desatado críticas y protestas por desabastecimiento.

Buitrago, quien el 21 de marzo ya había catalogado el acaparamiento como delito penal, respaldó la postura presidencial. Recordó que la ley permite allanamientos con orden judicial y que esta práctica no solo afecta la salud, sino que genera inflación y desorden económico. La ministra ahora enfrenta el reto de formalizar las denuncias contra los señalados.

La medida intensifica el pulso entre el Ejecutivo y el sector farmacéutico, en un contexto de crisis de medicamentos que ha generado filas y desesperación entre pacientes. El caso sigue abierto, con la Fiscalía como próximo escenario de esta batalla legal ordenada desde la Casa de Nariño.