Un explosivo escándalo sacude al director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado (Andje), César Palomino, tras revelaciones de La Silla Vacía. Audios obtenidos entre el 7 y 27 de octubre de 2021 lo señalan de usar su posición como magistrado del Consejo de Estado para presionar a altos funcionarios, incluido un ministro, y favorecer a sus familiares en la selección de un lote para la nueva cárcel de Quibdó. Las grabaciones, parte de expedientes judiciales contra Francisco Vidal Rojas, exprecandidato liberal a la Cámara por Chocó, exponen un presunto tráfico de influencias.

En cinco conversaciones interceptadas por el CTI, Palomino coordinó con Vidal, entonces asesor del gobernador Ariel Palacios, para que la Alcaldía de Quibdó, la Gobernación del Chocó, la Uspec y el Ministerio de Justicia agilizaran el cambio de uso del suelo de un predio propiedad de Wladimiro Garcés, esposo de su tía. “Ya hablé con el Ministro y con Andrés de Uspec”, dice en un audio del 7 de octubre, insistiendo en que el alcalde Martín Sánchez firmara una carta clave. Aunque no nombra al ministro, Wilson Ruiz lideraba Justicia en ese momento, cartera encargada de las cárceles.

Palomino asegura que actuó como familiar, no como magistrado, y que buscaba una donación del terreno, pero los audios sugieren una compra y una presión activa sobre entidades públicas. Ruiz niega haber discutido el tema con él, y Vidal dice no recordar las charlas. Pese a esto, el proyecto no se concretó en ese lote en 2021; hoy, el gobierno Petro planea la cárcel en otro terreno, mientras el predio familiar está en oferta para indígenas desplazados por 1.834 millones de pesos.

Nombrado por Petro en 2024 para dirigir la Andje, que defiende al Estado en casos millonarios como el del Galeón San José, Palomino enfrenta ahora cuestionamientos éticos. Su nombre suena para una terna a la Corte Constitucional, pero este escándalo podría frenar esas aspiraciones. La Fiscalía no ha aclarado si investigará estas revelaciones.