El martes 18 de marzo, la Comisión Séptima del Senado archivó oficialmente la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro con ocho votos a favor de la ponencia negativa, marcando un revés significativo para una de las iniciativas clave de su administración. En respuesta, el Ejecutivo anunció la expedición de nueve decretos reglamentarios para implementar algunos aspectos de la reforma y ratificó su intención de convocar una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre esta y la reforma a la salud.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que los decretos están en revisión por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y su contenido se revelará una vez aprobados. “Daremos a conocer el contenido de los decretos una vez pasen por la revisión de la Secretaría Jurídica de Presidencia”, señaló Sanguino en una rueda de prensa tras el archivo del proyecto. Aunque no detalló los puntos específicos, se espera que aborden aspectos como la regulación de contratos para evitar la tercerización engañosa, según lo mencionado por la representante María Fernanda Carrascal en El Tiempo, quien destacó que se establecerán reglas más claras para garantizar los derechos laborales.

Sanguino criticó la decisión del Senado, calificándola de un reflejo de intereses políticos opuestos a las reformas estructurales. “Cuando radicaron una ponencia de archivo firmada por dos senadores que no eran ponentes, nos estaban mostrando los dientes”, afirmó, insistiendo en que los argumentos de los senadores, como el impacto en el empleo y los costos laborales, son falaces.

El Banco de la República había advertido que la reforma podría generar la pérdida de hasta 454,000 empleos formales en tres o cuatro años, un dato que respaldó la decisión de los ocho senadores, entre ellos Nadia Blel y Esperanza Andrade del Partido Conservador, y Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático.

El presidente Petro, quien lideró una movilización en Bogotá el mismo día del archivo, calificó la decisión del Senado como una “ruptura abierta contra la Constitución” y acusó a los congresistas de favorecer intereses particulares sobre el mandato popular. “Cada senador debe recordar que es un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Si se cree tirano sobre el pueblo, el pueblo lo sacará del Congreso”, expresó en la Plaza Bolívar, según reportó El Tiempo. Petro también anunció que las marchas del 18 de marzo, que contaron con el apoyo de obreros, indígenas, estudiantes y campesinos, marcaron el inicio de una movilización “permanente y creciente” para defender las reformas.

La consulta popular, anunciada el 11 de marzo tras la ponencia negativa, busca que el pueblo decida sobre las reformas laboral y de salud. Sanguino reveló que ya están trabajando en las preguntas, aunque no precisó una fecha para su presentación al Senado. “Calculamos que será prontamente en los próximos días”, indicó, destacando el respaldo ciudadano reflejado en las movilizaciones. La primera pregunta, revelada por Petro el 14 de marzo, es: “¿El día termina a las 6 de la tarde?”, enfocada en establecer recargos por trabajo nocturno y dominical, un punto que no puede implementarse por decreto.