El presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, confirmaron el lunes 17 de marzo de 2025 que el Congreso no acogería el día cívico declarado por el presidente Gustavo Petro para el martes 18 de marzo, y efectivamente sesionaron con normalidad ese día.

La decisión se alineó con el rechazo de varias alcaldías, como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, además del gobernador de Cundinamarca, que también mantuvieron sus actividades habituales.

Cepeda había señalado que “el Senado sesionaría normalmente el martes 18, como una rama independiente del poder público comprometida con los ciudadanos”. La jornada cívica, anunciada por Petro en Aracataca para respaldar las marchas a favor de las reformas laboral y de salud tras una ponencia negativa en la Comisión Séptima, fue vista por algunos congresistas como un intento de presionar al Legislativo. La representante Saray Robayo, del Partido de la U, calificó las movilizaciones como un “chantaje”, argumentando que “llamar a las calles para imponer una agenda debilita las instituciones y fomenta la división”.

El excongresista Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, también criticó la medida, describiendo el día cívico como una “jugada” para iniciar la campaña electoral de 2026, comparándola con las protestas de 2021 y 2022. “El presidente buscó provocar a los electores y vulnerar los derechos de los senadores que se opusieron a la reforma laboral”, afirmó. Por su parte, la senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima, destacó que su comisión sesionó pese a las presiones, respaldada por análisis técnicos del Banco de la República que advertían que la reforma podría dejar sin empleo a unas 400,000 personas.

En contraste, la representante Dorina Hernández, del oficialismo, defendió las marchas como un derecho ciudadano para exigir mejoras laborales, como recargos nocturnos y dominicales, y cuestionó el archivo de la reforma. La tensión se extendió al debate sobre la consulta popular, que Blel calificó de “cortina de humo” sin sustento financiero, mientras Hernández la apoyó como una herramienta democrática. El episodio evidenció las profundas divisiones entre el Gobierno y el Congreso en torno a las reformas sociales.