El senador Ariel Ávila, del Partido Verde, desató una polémica al cuestionar a la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, por su apoyo a la ponencia de archivo de la reforma laboral, radicada por ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado. El incidente ocurrió esta semana, en medio de la tensión generada por el inminente hundimiento del proyecto en su tercer debate, lo que ha avivado el debate entre parlamentarios de diferentes bancadas sobre el futuro de la iniciativa.

Ávila recurrió a comentarios sobre los antecedentes familiares de Blel, señalando en redes sociales que es “hija del parapolítico Vicente Blel y hermana del cuestionado exgobernador de Bolívar Vicentico Blel”, en un intento por cuestionar su oposición a la reforma, que incluye el pago de recargos dominicales, nocturnos y festivos. Esta referencia a sus parientes generó críticas inmediatas por considerarse un ataque de naturaleza machista, centrado en su linaje en lugar de su actuación legislativa.

Blel respondió con firmeza en sus redes, defendiendo su decisión como “autónoma, informada y libre”. “Los que creen que las senadoras vamos a acobardarnos por presiones o descalificaciones personales no conocen la fuerza y la convicción de una mujer cuando toma una decisión”, escribió, subrayando que las presiones históricas han fortalecido su resolución. La senadora reafirmó su compromiso con lo que considera beneficioso para los colombianos, manteniendo su postura frente a la reforma.

La controversia escaló cuando la representante Katherine Miranda, también del Partido Verde, intervino para repudiar el comentario de Ávila, calificándolo de “machista y misógino”. “No tengo ni idea de quién es su papá o hermano, las mujeres valemos y tenemos voz por nosotras mismas”, señaló, destacando el valor individual de Blel. Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, propuso incluir la reelección en la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, mostrando apoyo en X con el mensaje: “Contra el bloqueo institucional, consulta popular. Defendamos el mandato popular, cuente con nosotros presidente Gustavo Petro”.

La discusión ha coincidido con el análisis del costo de mecanismos como la consulta popular, que Petro impulsa tras el rechazo legislativo. Se mencionan ejemplos como los $280,000 millones del plebiscito de 2016 y los $310,479 millones de la consulta anticorrupción de 2018, mientras se debate el impacto de recortes presupuestales en áreas como Defensa, Deporte, Vivienda y salud. La votación de la reforma laboral está programada para la próxima semana en la Comisión Séptima, donde se confirmará su destino.