El presidente Gustavo Petro anunció una consulta popular para que los ciudadanos definan el futuro de las reformas laboral y de salud, tras el virtual hundimiento de la primera en la Comisión Séptima del Senado, donde ocho de los 14 senadores respaldaron una ponencia negativa. Petro calificó esta decisión como una “traición al pueblo trabajador” y un “bloqueo institucional” que, según él, justifica recurrir a la democracia directa para superar el estancamiento legislativo.

La consulta popular, regulada por el artículo 103 de la Constitución y la Ley 134 de 1994, permite al presidente, con aprobación del Senado y la firma de todos los ministros, someter decisiones de trascendencia nacional a votación ciudadana. Petro busca que el pueblo decida sobre las reformas, argumentando que el Congreso ha roto el diálogo político. Sin embargo, el mecanismo no equivale a la aprobación directa de una ley, y su implementación enfrenta varios requisitos y limitaciones.

Para que la consulta sea vinculante, debe participar al menos un tercio del censo electoral, es decir, más de 13,650,456 de los 40,963,370 ciudadanos registrados, y cada pregunta necesita el respaldo de la mitad más uno de esos votos (6,827,229). Las preguntas deben ser claras, respondidas con “sí” o “no”, y no pueden implicar reformas constitucionales ni presentar proyectos articulados. Si se aprueba, el Congreso estaría obligado a tramitar las disposiciones necesarias, pero mantendría la potestad de definir cómo implementarlas.

El proceso comienza con la formulación de las preguntas por parte del Gobierno, respaldadas por los ministros, y su presentación al Senado, que tiene 30 días para emitir un concepto. Si el Senado aprueba, la consulta debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes, organizada por la Registraduría Nacional. Durante este tiempo, se permitirán campañas pedagógicas para informar a la ciudadanía sobre el impacto de las reformas.

El éxito de la consulta depende de la participación y del respaldo mayoritario, pero también de la aprobación inicial del Senado, donde el Gobierno enfrenta resistencias. Si no se alcanza el umbral de votantes o el Senado rechaza la iniciativa, el mecanismo no tendrá efecto vinculante, dejando las reformas nuevamente en manos del Congreso. Este escenario plantea interrogantes sobre su efectividad en un contexto de polarización política.