La reforma laboral enfrenta un futuro incierto tras el anuncio de una ponencia de archivo radicada por ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado, desatando un choque de trenes entre el Congreso y el Gobierno. Aunque el debate oficial aún no tiene fecha, la iniciativa, que ajusta horarios y recargos dominicales, parece al borde del hundimiento, con la oposición afirmando que cuenta con mayorías suficientes. Esta tensión se suma a los llamados del presidente Gustavo Petro a la movilización ciudadana y a su advertencia de una posible ruptura con el Legislativo si las reformas no avanzan.

Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima, explicó en LA FM que la ponencia negativa cuenta con el respaldo de partidos como MIRA, Colombia Justa y Libre, ASI, Partido Liberal, Conservadores y Centro Democrático. Tras audiencias públicas, mesas técnicas y encuestas, los senadores concluyeron que la reforma “no genera empleo, no combate la informalidad y no concilia el bienestar de los trabajadores con la productividad empresarial”. Inicialmente, la comisión estaba dividida en siete a favor y siete en contra, con riesgo de empate, pero el ajuste de fuerzas inclina la balanza hacia el archivo, según analistas como Camilo Cuervo de Holland & Knight.

Petro ha intensificado la presión, calificando la oposición como una “irresponsabilidad” y pidiendo a la ciudadanía salir a las calles en defensa de sus proyectos. Sin embargo, esta postura ha generado críticas. Cuervo señaló en LA FM que las amenazas del presidente, incluyendo pedidos de renuncia a funcionarios de partidos como MIRA y Colombia Justa y Libre, equivalen a “una declaración de guerra”. Esta actitud, según el experto, no solo pone en riesgo la reforma laboral, sino también la de salud, complicando aún más el panorama legislativo para el Gobierno.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, defendió la autonomía del Legislativo en LA FM, rechazando las acusaciones de Petro. “Más peligrosos son los trinos del presidente hablando de violencia, que pone en riesgo a los congresistas y sus familias”, afirmó, anunciando una posible acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cepeda insistió en que el Congreso actúa como un poder independiente, libre de presiones del Ejecutivo, lo que ha avivado el conflicto.

El sector empresarial también se pronunció. El Consejo Gremial enfatizó que las decisiones del Congreso deben respetarse como parte de la democracia, advirtiendo que presiones externas, como movilizaciones, generan incertidumbre y división social. Bruce Mac Master, de la ANDI, abogó por un debate concertado con trabajadores y empleadores, mientras Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, celebró el archivo como un “triunfo de la democracia”, destacando que salva a miles de pequeñas empresas de un aumento del 30% en costos laborales.

Mientras tanto, los senadores opositores, como Blel y Honorio Henríquez, defendieron su decisión, denunciando amenazas tras el archivo. Blel resaltó que el proyecto, según el Banco de la República, podría dejar sin empleo a más de 400,000 personas y no aborda la informalidad de 12 millones de trabajadores. Henríquez cuestionó la consulta popular de Petro, viéndola como un intento de eludir la voluntad del Congreso, un poder soberano según la Constitución.

Con el país al borde de un debate más amplio sobre la consulta popular, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se tambalean. La posibilidad de un estallido social y las críticas a la estrategia de Petro sugieren que el futuro de las reformas dependerá no solo de los votos, sino de cómo se manejen las tensiones institucionales en los próximos meses.