El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escaló este lunes 10 de marzo tras un fallo judicial que ordenó embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales, ascendentes a $41,654,551,225 según resoluciones pendientes. Gutiérrez anunció la decisión en redes, destacando que el monto incluye subsidios a tarifas de energía para estratos 1, 2 y 3 adeudados desde el año pasado. “La Justicia nos da la razón”, escribió, exigiendo al presidente cumplir con la ley.

Petro respondió en X con un mensaje crítico: “Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Las empresas de servicios públicos están en función del público, no de contratistas que se enriquecen con dinero público”. Gutiérrez replicó, acusando al mandatario de incumplir el interés nacional al no pagar a una empresa 100% pública, poniendo en riesgo su estabilidad y la de los usuarios. “Esto lo ordena un juez de la República”, añadió, subrayando la obligación legal del Estado.

El cruce continuó cuando Petro, sin responder directamente en redes, abordó el tema en el consejo de ministros, afirmando su derecho constitucional a vigilar empresas como EPM. Esto llevó a una carta del Ministerio de Minas solicitando a la Superintendencia de Servicios Públicos inspeccionar a EPM, lo que Gutiérrez calificó como una “venganza” y una actitud dictatorial. El alcalde convocó a las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender a EPM, advirtiendo que este podría ser “el comienzo del fin” para la empresa si el Gobierno persiste.