El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue convocado a una reunión urgente con la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, para el lunes 10 de marzo de 2025. El encuentro, que se realizará en la sede del Ministerio, busca abordar la polémica resolución sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, publicada el 3 de marzo por la gestión de la exministra Susana Muhamad. Según fuentes de La FM, se explorarán soluciones que equilibren los intereses del gobierno y el Distrito, evitando afectaciones a obras clave y a más de 600.000 familias.

La resolución establece lineamientos estrictos para proteger un ecosistema vital que abarca Bogotá y 39 municipios, con 3.032 especies de fauna, 5.223 de flora y 41.031 hectáreas de humedales. Entre sus medidas destacan la limitación de urbanización en suelos rurales, la conservación de humedales y evaluaciones ambientales obligatorias para proyectos de infraestructura. Sin embargo, ha desatado críticas por su impacto potencial en la capital.

Galán ha sido tajante en su rechazo. «Es ilegal e inconstitucional», afirmó, acusando al gobierno de actuar sin concertación y disfrazar una publicación obligatoria como consulta pública. Advirtió que, de no modificarse, la Alcaldía acudirá a instancias judiciales, citando violaciones a la autonomía territorial, la Constitución y el Acuerdo de Escazú. El alcalde señaló que proyectos como la Primera Línea del Metro, el Regiotram de Occidente y la ampliación del aeropuerto El Dorado podrían paralizarse.

Exalcaldes se sumaron al debate. Claudia López tachó la medida de «abusiva», acusando a Gustavo Petro de sabotear Bogotá y llamando a acciones legales colectivas. Enrique Peñalosa, por su parte, alertó sobre el encarecimiento de la vivienda y el bloqueo de infraestructura vital, como vías y redes eléctricas, que agravarían la segregación social. «Esto expulsa a las familias a municipios vecinos», dijo.

La Procuraduría también intervino, solicitando al Ministerio 45 días adicionales para la consulta pública, hasta el 29 de abril, y mapas georreferenciados en formato Shapefile para un análisis técnico. La entidad extendió la misma petición a otro proyecto en Antioquia, reflejando preocupación por la participación efectiva en decisiones ambientales.

El Ministerio defiende la resolución como resultado de un año de estudios y mesas técnicas, argumentando que protege la Sabana —declarada de interés ecológico por la Ley 99 de 1993— frente al cambio climático y la urbanización descontrolada. Sin embargo, la falta de consenso con el Distrito y líderes locales ha elevado las tensiones.

La reunión del lunes será un punto de inflexión. Galán busca que Estrada reconsidere la norma o ajuste puntos conflictivos, mientras la ministra deberá balancear las prioridades ambientales con las necesidades urbanas. Si no hay acuerdo, el conflicto podría escalar a los tribunales, marcando un nuevo capítulo en la relación entre Bogotá y el gobierno de Petro.

La cita entre Galán y Estrada definirá si la resolución se adapta o enfrenta una batalla legal. Con la Sabana de Bogotá en el centro, el debate entre desarrollo y conservación sigue abierto, mientras la ciudadanía espera claridad sobre su futuro.