El enfrentamiento entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro escaló tras la publicación de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el viernes 7 de marzo de 2025. El documento, que establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, desató una controversia que mezcla autonomía territorial, legalidad y protección ecológica.

Galán criticó duramente la resolución, emitida por la exministra Susana Muhamad antes de su salida. En un video publicado por el Ministerio, Muhamad explicó que busca conservar ecosistemas degradados, proteger el agua y priorizar usos agropecuarios y forestales, con un plazo para comentarios hasta el 14 de marzo. El alcalde, sin embargo, la calificó de «ilegal, inconstitucional y antidemocrática» en redes sociales, afirmando que no fue concertada con el Distrito ni con Cundinamarca.

El presidente Petro respondió el 8 de marzo vía X: «La Sabana de Bogotá no pertenece al Distrito. Permita que su población se exprese. El agua hay que cuidarla». Su mensaje replicó a las críticas de Galán, quien insiste en que el proceso es una «publicación obligatoria disfrazada de consulta» para sanear un acto que podría derivar en fraude judicial.

Galán anunció medidas inmediatas. «Hoy informaremos las decisiones para defender a Bogotá», escribió, prometiendo un pronunciamiento oficial a las 7:00 a.m. del miércoles. Desde el Distrito, funcionarios alertaron que la resolución afecta 138 barrios en zonas como Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, habitados por 600.000 personas, al clasificarlos como humedales, lo que impondría restricciones a la propiedad y dejaría en incertidumbre proyectos de vivienda social.

El impacto trasciende lo residencial. Galán señaló que obras clave como la Primera Línea del Metro, el Regiotram de Occidente, la ampliación de la Calle 13 y del aeropuerto El Dorado quedarían en riesgo, junto al abastecimiento hídrico de embalses como Chuza y San Rafael. «Es un acto inconsulto que paralizaría la ciudad», afirmó, acusando al gobierno de ignorar la autonomía territorial y el Acuerdo de Escazú.

Muhamad, quien dejó el cargo el 4 de marzo con la posesión de Lena Estrada, defendió la medida antes de su salida. «Es para proteger suelos, no detener obras», dijo, asegurando que el Distrito participó en mesas técnicas desde 2023. Galán replicó que esas reuniones no sustituyen la concertación legal requerida, y que el texto afecta áreas ya construidas sin sustento técnico.

Petro insistió en la necesidad de priorizar el agua, un recurso crítico para Bogotá, mientras Galán mantuvo que la resolución viola la Constitución, la ley y el propio Plan de Desarrollo del gobierno. «Lo único que hay que respetar es el marco legal», respondió el alcalde, sugiriendo posibles acciones ante la Procuraduría o el Tribunal de Cundinamarca si no se retira.

La resolución, abierta a comentarios hasta el 14 de marzo, ha intensificado las fricciones entre el Distrito y el Ejecutivo. Con proyectos de movilidad y energía en juego, el debate pone a prueba la relación entre ambos niveles de gobierno en un momento de transición ministerial.