El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó la anulación de la resolución de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, emitida por la exministra de Ambiente Susana Muhamad antes de su salida del cargo. En declaraciones a medios el 5 de marzo de 2025, Galán calificó la medida como ilegal e inconstitucional, advirtiendo que amenaza proyectos clave y la autonomía de la capital.

La resolución, titulada ‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá’, establece criterios para proteger humedales y suelos en 39 municipios, incluyendo restricciones a infraestructuras. Galán argumentó que viola la ley, la Constitución y sentencias de la Corte Constitucional al no coordinarse con el Distrito, afectando directamente a Bogotá sin consulta previa.

Entre los proyectos en riesgo, el alcalde destacó la Primera Línea del Metro, el Regiotram de Occidente, la ampliación de la Calle 13 y del aeropuerto El Dorado. También señaló que 138 barrios legalizados, habitados por 600.000 personas, quedarían clasificados como humedales, generando restricciones al derecho a la propiedad y trámites adicionales para viviendas de interés social.

Galán cuestionó el impacto en el abastecimiento hídrico. «Embalses como Chuza y San Rafael, esenciales para Bogotá, ahora son humedales según esta norma», afirmó, alertando sobre un limbo que podría comprometer la seguridad hídrica. En energía, mencionó que redes de transmisión como Sogamoso y Norte, con avances significativos, enfrentarían obstáculos.

El alcalde pidió al gobierno retirar la resolución o enfrentar acciones legales. «Acudiremos a instancias administrativas y penales para defender a Bogotá», dijo en La FM, criticando la falta de diálogo. Aseguró que el proceso incumple el Acuerdo de Escazú, que exige participación ciudadana, y el Plan de Desarrollo de 2022, que no avala esta formulación.

Muhamad, quien dejó el cargo el 4 de marzo con la posesión de Lena Estrada, respondió en W Radio. «El alcalde está desinformado», afirmó, defendiendo la competencia del Ministerio para emitir lineamientos. Explicó que no detiene obras, sino que orienta a municipios y autoridades ambientales en la protección de suelos, y que Bogotá participó en mesas técnicas desde 2023.

Galán replicó que esas mesas no sustituyen la coordinación legal requerida. «Es una decisión oculta e inconsulta», insistió, señalando que el texto afecta proyectos con estudios avanzados y pone en jaque la transición energética, como la reducción de dependencia de Termopaipa, una termoeléctrica contaminante.

La resolución, publicada para comentarios hasta el 14 de marzo, ha abierto un nuevo choque entre Bogotá y el gobierno de Petro. Galán llamó a un diálogo para construir una norma que respete la autonomía territorial y proteja el ambiente sin sacrificar el desarrollo. Si no se retira, advirtió con recurrir a la Procuraduría, la Fiscalía o el Tribunal de Cundinamarca.