La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, interpuso una acción de cumplimiento ante un juzgado administrativo de Bogotá contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La congresista busca frenar la transmisión televisiva de los consejos de ministros, argumentando que viola la Ley 63 de 1923, que establece la reserva de estas reuniones del gobierno de Gustavo Petro.

Cabal señaló que la norma prohíbe revelar los asuntos tratados en los consejos, una disposición vigente desde hace un siglo para proteger las deliberaciones estratégicas del Ejecutivo. «Petro no está por encima de la ley», afirmó, criticando la difusión como un abuso de poder que compromete la seguridad y el funcionamiento del Estado.

La acción judicial apunta directamente a Angie Rodríguez, directora del Dapre y secretaria ejecutiva de los consejos. Según el documento, Rodríguez ha omitido cumplir el artículo 9 de la Ley 63, que exige absoluta confidencialidad. «Es una transgresión al principio de legalidad», indica el texto, solicitando al juez ordenar el cese inmediato de las transmisiones.

El gobierno ha defendido estas emisiones como un ejercicio de transparencia. Petro, quien ha liderado al menos dos consejos televisados en 2025, sostiene que acercan las decisiones a la ciudadanía. Sin embargo, Cabal argumenta que esta práctica rompe el orden legal y expone discusiones que requieren discreción.

La senadora citó la sentencia C-1172/01 de la Corte Constitucional, que limita las alocuciones presidenciales a asuntos urgentes y personales, no a sesiones ministeriales completas. «No es un show de ministros, es una violación al derecho a la información», expresó, sugiriendo que el formato distorsiona la comunicación oficial.

La oposición ha cuestionado el impacto de estas transmisiones más allá de lo legal. Algunos congresistas señalan afectaciones a los canales privados, obligados a ceder espacios, y advierten sobre un uso político que refuerza la narrativa del gobierno frente a reformas clave como la de salud, debatida este mismo martes en la Cámara.

El documento presentado por Cabal pide al juzgado suspender las emisiones y exigir a Petro el cumplimiento estricto de la Ley 63. Argumenta que la publicidad de los consejos pone en riesgo decisiones sensibles, desde seguridad nacional hasta políticas económicas, al someterlas a presiones externas.

La acción llega en un momento de alta tensión legislativa. El segundo consejo televisado, del 3 de marzo, abordó medidas para el Catatumbo sin las controversias del primero, pero la insistencia en este formato ha reavivado críticas sobre el estilo de gobernanza de Petro, quien asumió en agosto de 2022.

El Dapre no ha respondido oficialmente a la acción judicial. Si el juez la admite, podría marcar un precedente sobre los límites de la comunicación presidencial, un debate que Cabal enmarca como defensa del orden institucional frente a lo que califica como «dictadura» de Petro.

La iniciativa de Cabal plantea un desafío al gobierno. El fallo del juzgado determinará si las transmisiones de los consejos de ministros, promovidas como transparencia, deben ceder ante una ley centenaria que prioriza la reserva.