El reciente paro armado impuesto por el ELN en el Chocó, que se extendió del 18 al 21 de febrero, dejó un saldo preocupante en la región. Durante 72 horas, más de 3.500 personas fueron desplazadas y al menos 2.000 familias quedaron confinadas en municipios como Nóvita, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan. El bloqueo afectó el acceso a alimentos, salud, educación y transporte, agravando la ya precaria situación humanitaria del departamento.

El ELN justificó la acción como una protesta contra la presencia del Clan del Golfo y la supuesta connivencia entre las Fuerzas Militares y grupos paramilitares. Sin embargo, para las comunidades afectadas, las consecuencias fueron devastadoras: comercios cerrados, escuelas paralizadas y la suspensión del transporte fluvial, afectando gravemente la economía local y la calidad de vida.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció la crisis ante organismos internacionales, como la OEA, y solicitó al gobierno nacional declarar un estado de conmoción interior, similar al implementado en el Catatumbo. Argumentó que el 80% del departamento está minado y que los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han puesto a las comunidades en una situación insostenible.

El gobierno nacional desplegó refuerzos militares en la región y suspendió temporalmente los diálogos de paz con el ELN. Sin embargo, no se han anunciado estrategias concretas para garantizar la protección a largo plazo de los habitantes ni para evitar que la situación se repita.

Propuestas para una solución integral

Ante la falta de una respuesta coordinada, líderes regionales y exfuncionarios han planteado alternativas. El excanciller y exgobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, instó a implementar planes previamente acordados con las autoridades locales, como el Plan Chocó, la Misión Quibdó y el Pacto Territorial por la Paz del Chocó.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Murillo propuso que estas iniciativas, junto con un corredor humanitario, podrían restablecer la seguridad y facilitar el abastecimiento de bienes esenciales. También destacó la importancia de reforzar la cooperación internacional, en particular mediante el capítulo Chocó de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), como un apoyo complementario a las respuestas estatales.

Impacto social y panorama actual

Aunque el paro armado terminó el 21 de febrero, las consecuencias persisten. El transporte por la vía Quibdó-Medellín sigue interrumpido tras la incineración de camiones por parte del ELN, afectando la movilidad y el comercio regional. Las comunidades continúan enfrentando dificultades para retomar sus actividades cotidianas, mientras que las autoridades locales y líderes comunitarios insisten en la necesidad de medidas urgentes para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar la protección de la población civil.

El panorama en el Chocó refleja la fragilidad de la seguridad en territorios históricamente marginados, y la urgencia de una estrategia coordinada y sostenida que garantice la recuperación de las condiciones de vida en la región.