La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a cuatro exgenerales y 35 oficiales y suboficiales de la Cuarta Brigada del Ejército, responsables de 442 ejecuciones extrajudiciales en Antioquia entre 2004 y 2007. Según el tribunal, las víctimas fueron secuestradas, torturadas y presentadas como bajas en combate en una política de “conteo de cuerpos” promovida dentro de la unidad militar.

Los exgenerales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron señalados como máximos responsables de estas prácticas. La JEP documentó 41 casos de tortura en los que campesinos y civiles fueron golpeados, retenidos y sometidos a tratos crueles antes de ser ejecutados. Testimonios de sobrevivientes y familiares relataron cómo los militares sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban y las trasladaban a lugares apartados para asesinarlas.

A pesar de los hallazgos, la JEP concluyó que esta práctica no fue una política de Estado, sino una estrategia de facto instaurada por la brigada, sin órdenes directas desde el alto gobierno. Los incentivos por bajas, como ascensos y recompensas, impulsaron la implementación de estos crímenes, que ahora deberán ser esclarecidos en el proceso judicial.