Las reformas del Gobierno de Gustavo Petro están al borde del fracaso. A casi tres años de mandato, el presidente no ha logrado sacar adelante las tres grandes transformaciones sociales que prometió en campaña: la laboral, la de salud y la pensional. De ellas, solo esta última fue aprobada por el Congreso, pero ahora enfrenta el riesgo de ser anulada por la Corte Constitucional, lo que supondría un golpe demoledor a su gestión.

Durante la posesión de los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y María Fernanda Rojas (Transporte), Petro se quejó abiertamente de los obstáculos que enfrentan sus proyectos. “Solo una reforma ha pasado en el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte. Y las otras están perversamente estancadas en el Congreso”, dijo el mandatario, insinuando que las fuerzas políticas tradicionales han bloqueado su agenda.

La situación es crítica. La reforma a la salud y la laboral siguen sin avanzar, y la falta de mayorías en el Congreso ha dejado a Petro sin margen de maniobra. A inicios de su Gobierno logró la aprobación de la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y el marco jurídico de la “paz total”, pero en el último año el Legislativo le ha cerrado la puerta a sus iniciativas más ambiciosas. Ante el riesgo de que sus reformas queden enterradas, el presidente ha intentado recomponer alianzas con partidos tradicionales como el Liberal, Conservador y La U, buscando recuperar apoyo a cambio de participación en el Gobierno.

Pero mientras Petro batalla en el Congreso, la Corte Constitucional se convierte en otro frente de lucha. Este martes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia en la que pide tumbar la reforma pensional por vicios de trámite. Argumenta que fue aprobada de manera exprés en la Cámara de Representantes sin una verdadera discusión de los artículos, lo que violaría los procedimientos legislativos. La decisión final está en manos de los magistrados, pero si la Corte acoge este planteamiento, Petro perdería su única gran reforma aprobada.

El mandatario, consciente de la urgencia, ha hecho un llamado a la movilización ciudadana para presionar por sus reformas. En un largo mensaje en su cuenta de X, aseguró que el Congreso “no quiere aprobarlas” y que los últimos presidentes del Senado han sido un obstáculo directo. La respuesta de la oposición no tardó. El senador Efraín Cepeda le recordó que el Legislativo “no es un apéndice de su Gobierno” y le exigió que dejara de “amenazar al Congreso”.

En medio de esta guerra política, el tiempo juega en contra de Petro. Si no logra destrabar sus reformas en este semestre, difícilmente lo hará en 2025, cuando el Congreso estará concentrado en la campaña electoral. Su Gobierno, que llegó prometiendo el “cambio”, podría terminar sin concretar la transformación estructural que tanto prometió.