La Corte Constitucional definirá en los próximos días el futuro de la reforma pensional del Gobierno Petro, luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicará una ponencia que advierte sobre vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso. Según reveló la revista Cambio, el proyecto de fallo propone declarar inexequible la norma, al considerar que no hubo suficiente deliberación en el cuarto debate y que el texto aprobado en el Senado no fue socializado antes de su votación en la Cámara de Representantes.

El 14 de junio del año pasado, la reforma fue avalada en la Cámara tras adoptar el texto del Senado mediante una proposición de última hora, lo que fue calificado como un “pupitrazo” por parte de opositores y expertos. Este procedimiento generó críticas por vulnerar los principios de consecutividad y deliberación suficientes exigidos por la Constitución.

La ponencia que estudia la Corte ha generado una fuerte controversia. Para la representante Catherine Juvinao, el afán de la saliente ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, derivó en un proceso atropellado que pone en riesgo una reforma necesaria. En cambio, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo celebró la posibilidad de que la ley sea anulada, por considerarla inviable fiscalmente y carente de soluciones reales para el sistema pensional.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano defendió el espíritu de la reforma y pidió a la Corte devolverla al Congreso para corregir los errores de trámite, en vez de hundirla. En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, responsabilizó al Gobierno Petro por las eventuales consecuencias y demandó un plan de contingencia para garantizar la protección de los adultos mayores más vulnerables si la norma es tumbada.

La discusión formal en la Corte iniciará este jueves 20 de febrero en Sala Plena, donde los magistrados decidirán si la reforma se ajusta a la Constitución, si debe regresar al Congreso para subsanar fallas o si, por el contrario, será declarada inexequible. La incertidumbre persiste, mientras el Gobierno defiende que la norma, prevista para entrar en vigor el 1 de julio, busca ampliar la cobertura y garantizar pensiones dignas a poblaciones vulnerables.