El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sancionó la ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia, mientras el presidente Gustavo Petro se encontraba de visita oficial en Oriente Medio. Jaramillo asumió funciones presidenciales mediante el decreto 0142 del 6 de febrero de 2025, debido al viaje del mandatario a Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

La Ley 2447 tiene como propósito eliminar todas las formas de uniones tempranas en las que uno o ambos integrantes sean menores de 18 años. Además, busca fortalecer la política pública nacional de infancia y adolescencia mediante la creación del ‘Programa Nacional Proyectos de Vida’, que promueve la sensibilización y divulgación sobre los efectos, causas y consecuencias de estas uniones.

Este proyecto de ley fue impulsado por las representantes Alexandra Vásquez, de Cundinamarca, y Jennifer Pedraza, de Bogotá. Tras ser rechazado en ocho ocasiones, finalmente logró ser aprobado en noviembre de 2024. Con esta normativa, Colombia deja de figurar entre los países de América Latina donde se permitía esta práctica, uniéndose a la mayoría de naciones de la región que ya habían prohibido el matrimonio infantil.

La representante Alexandra Vásquez celebró la sanción de la ley y resaltó la importancia de su implementación en todo el territorio nacional. “Ahora lo que nos queda es el reto de implementar toda la política pública: prevenir y atender las uniones tempranas. En Colombia, las niñas y adolescentes nunca más serán esposas ni madres. Son niñas, no esposas”, afirmó.

La decisión legislativa también está respaldada por una reciente sentencia de la Corte Constitucional, que determinó que la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia es de 18 años. La Corte señaló que las uniones tempranas son una práctica nociva que perpetúa estereotipos de género y afecta los derechos de los menores.

Con esta nueva normativa, el gobierno colombiano refuerza su compromiso con la protección de los derechos de la infancia y la eliminación de prácticas que vulneran la dignidad y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.