Este 14 y 15 de febrero, más de 200 Comités Municipales de Reforma Agraria sesionaron de manera simultánea en todo el país, en el marco de la maratón “Somos Reforma Agraria”. La iniciativa, liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), busca sentar las bases para la firma del Pacto por la Tierra y la Vida, programada para los días 21 y 22 de febrero en Chicoral, Tolima. Este evento es considerado clave para consolidar la Reforma Rural Integral promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.

Los comités, integrados por campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes, juntas de acción comunal y organizaciones rurales, se constituyen como espacios de concertación para definir la hoja de ruta que permitirá materializar el acceso equitativo a la tierra y fomentar una agricultura sostenible. “Estamos construyendo un futuro donde los campesinos tengan voz y voto en su propia transformación. Sin duda, el protagonismo de estas comunidades garantiza que el desarrollo rural esté alineado con las realidades y aspiraciones de cada territorio”, afirmó Felipe Harman, director de la ANT.

La importancia de estos comités radica en su carácter vinculante y territorial. Si bien la Ley 160 de 1994 contemplaba su creación como parte del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, no fue sino hasta el gobierno de Petro que se logró la constitución de 435 comités en el país, en cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz de 2016. Estos organismos buscan destrabar históricos obstáculos que han dificultado la distribución y formalización de tierras.

El balance presentado por la ANT indica que, en el actual gobierno, se han adquirido 448.000 hectáreas, de las cuales 186.000 corresponden al 2024. Asimismo, se han formalizado 1,2 millones de hectáreas. Sin embargo, la meta sigue siendo ambiciosa: comprar tres millones de hectáreas y formalizar siete millones.

Los resultados de esta maratón se convertirán en insumos fundamentales para el diseño y ejecución del Pacto por la Tierra y la Vida, que se firmará en Chicoral, Tolima. Este acuerdo busca articular a las comunidades rurales con el Estado, garantizando la participación activa de los campesinos en las decisiones que definirán el futuro del campo colombiano. Con ello, el Gobierno espera avanzar en la superación de las causas estructurales del conflicto armado, centradas históricamente en la desigualdad en el acceso a la tierra.