La exconsejera para las Regiones busca un acuerdo con la Fiscalía y estaría dispuesta a entregar información sobre la presunta participación del exdirector del DAPRE en el entramado de corrupción.
Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, estaría lista para revelar detalles sobre la supuesta participación de Carlos Ramón González en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La exfuncionaria, quien se encuentra detenida desde diciembre de 2024, ha solicitado un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de su testimonio.
Según las investigaciones, Ortiz habría sido una pieza clave en la red de sobornos y direccionamiento de contratos dentro de la UNGRD. En su declaración, mencionaría que González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y figura cercana al presidente Gustavo Petro, jugó un rol determinante en la estructuración de los pagos ilícitos a congresistas.
De acuerdo con la imputación de cargos realizada por la Fiscalía, Carlos Ramón González le habría ordenado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, adjudicar contratos por 60.000 millones de pesos para beneficio de políticos como Iván Leonidas Name Vásquez, presidente del Senado, y Andrés David Calle Aguas, presidente de la Cámara de Representantes. Estos pagos habrían incluido sobornos en efectivo que alcanzaron los 4.000 millones de pesos, de los cuales una parte habría sido facilitada directamente por González.
El testimonio de Ortiz también podría involucrar a otra persona dentro de la Casa de Nariño, cuya identidad aún no ha sido revelada, aunque se descarta que se trate de la canciller Laura Sarabia, quien también dirigió el DAPRE en el pasado.
Por su parte, Olmedo López, testigo clave en el caso, instó a las autoridades a garantizar la seguridad de Ortiz y su familia, destacando que su testimonio es fundamental para esclarecer la magnitud del entramado de corrupción.
Hasta el momento, la Fiscalía ha llevado a juicio a la exconsejera por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, señalando que su papel en la intermediación de sobornos fue determinante para la malversación de recursos estatales. Con su posible colaboración, la investigación podría alcanzar a más altos funcionarios y esclarecer el alcance total del escándalo.
