La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca un acuerdo con la Fiscalía a cambio de revelar información clave sobre altos funcionarios del gobierno. Su testimonio podría comprometer a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro, incluyendo a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y al expresidente del Senado, Iván Name.

Ortiz, quien ha insistido en que es víctima de una conspiración, se encuentra privada de la libertad desde diciembre. Sin embargo, su defensa busca un principio de oportunidad que le otorgue inmunidad total a cambio de colaborar con la investigación. Para lograrlo, debe aportar pruebas contundentes sobre la supuesta red de corrupción que desvió recursos públicos y presuntamente financió la compra de congresistas para impulsar proyectos legislativos.

Según la Fiscalía, la exconsejera habría sido una pieza clave en la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, dinero que, presuntamente, se destinó a la campaña política de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá. Así lo señaló el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien también está colaborando con la justicia. Además, López afirmó que Carlos Ramón González ordenó la entrega de contratos por 60.000 millones de pesos a Name y otros 10.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Las pruebas en su contra incluyen conversaciones de WhatsApp, videos y registros de georreferenciación que muestran reuniones en la Casa de Nariño, donde, según la Fiscalía, se habría pactado el desfalco de los recursos. En una de estas reuniones, realizada el 21 de septiembre de 2023, Ortiz y López habrían acordado la entrega de contratos a favor de Name, redirigiendo 11.000 millones de pesos de un proyecto en el departamento del Atlántico.

La fiscal María Cristina Patiño reveló en audiencia que Ortiz actuó como «mensajera» en la distribución del dinero de los contratos desviados. Según la investigación, también habría coordinado encuentros para definir la adjudicación de recursos públicos en favor de congresistas clave.

La jueza 21 Penal de Control de Garantías aseguró que Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, al haber utilizado su posición en el Gobierno para facilitar estas operaciones irregulares. Además, la Fiscalía ha calificado el caso UNGRD como un «entramado de corrupción» que aún sigue en investigación.

Desde su reclusión, Olmedo López ha insistido en que Ortiz posee información clave sobre el escándalo y ha pedido garantías de seguridad para ella y su familia. «Su voz es fundamental para esclarecer la verdad», afirmó en un video divulgado recientemente.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se defina si la Fiscalía le concede el principio de oportunidad a Sandra Ortiz, lo que podría marcar un punto de inflexión en el escándalo de corrupción que rodea a la Casa de Nariño.