Armando Benedetti, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por los delitos de injuria, calumnia agravada y abuso de autoridad. Las acusaciones surgieron durante una sesión del Consejo de Ministros, el pasado martes 4 de febrero, transmitida en vivo por televisión nacional.

En su intervención, Rodríguez vinculó a Benedetti con Diego Marín, conocido como alias «Papá Pitufo», señalado como uno de los principales responsables del contrabando en Colombia. Según Rodríguez, durante una investigación que realizó, encontró indicios de la vinculación de Benedetti con Marín, lo que, según él, se había evidenciado en una primera reunión en la que estuvo presente Benedetti. “Lo puedo sostener porque me lo dijeron”, afirmó el director de la UNP.

Benedetti rechazó rotundamente las acusaciones y calificó las declaraciones de Rodríguez como infundadas. En su denuncia, el exembajador aseguró que el director de la UNP se extralimitó en sus funciones al investigar su situación, una acción que calificó como un abuso de autoridad. “No es competente para adelantar investigaciones contra mí ni contra ningún ciudadano”, puntualizó Benedetti, señalando que Rodríguez había llegado a conocer detalles de su caso, incluyendo supuestas «artimañas» para evitar su detención por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Además, Benedetti argumentó que las imputaciones de Rodríguez no solo dañaron su honor, sino que también comprometieron la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia, al cuestionar sus decisiones que garantizaron su libertad. El jefe de despacho también rechazó la acusación de vinculación con alias «Papá Pitufo», señalando que dicha afirmación carecía de pruebas y era completamente falsa.

Este episodio ha generado controversia, y Benedetti solicitó que se investigue a Rodríguez por los presuntos delitos cometidos durante la sesión del Consejo de Ministros. La denuncia pone en evidencia un conflicto institucional, mientras la Fiscalía y otras autoridades examinan las acusaciones y su posible repercusión en la imagen de la UNP y el gobierno.