El Ministerio de Hacienda informó que el Gobierno Nacional alcanzó una ejecución presupuestal del 96,1%, lo que equivale a $365,9 billones de los $475,2 billones aprobados para la vigencia 2024. Según el informe oficial, sectores como Educación, Salud, Fiscalía y Relaciones Exteriores presentaron los niveles más altos de ejecución de recursos, mientras que el cumplimiento de la regla fiscal fue destacado como un logro clave en el manejo de las finanzas públicas.

De acuerdo con el balance presentado, los compromisos adquiridos durante el año ascendieron a $456,5 billones, lo que representa un incremento del 12,5% en comparación con los $405,6 billones comprometidos en 2023. Además, se ejecutaron $26,2 billones correspondientes a rezagos presupuestales de la vigencia anterior.

En el rubro de la deuda pública, el Gobierno destinó $82,8 billones al servicio de la deuda, cifra que equivale al 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 87,7% del total programado para este concepto en el año.

Para garantizar la liquidez y el cumplimiento de pagos, el Ministerio de Hacienda implementó un Programa Anual de Caja (PAC) inteligente, que permitió cubrir gastos prioritarios sin afectar la inversión pública. Como resultado, los pagos por conceptos distintos a la deuda alcanzaron $310,3 billones, lo que corresponde al 99,5% de las obligaciones adquiridas y al 81,5% de la apropiación vigente.

El informe también señala que la ejecución de la inversión pública llegó al 96,5% del total asignado, lo que refleja un aumento del 16,7% respecto al cierre de 2023. Sin embargo, el gasto en funcionamiento fue un 3,8% inferior al promedio histórico de los últimos 23 años, lo que, según el Gobierno, responde a una estrategia de racionalización del gasto.

Pese a las alertas emitidas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y la firma J.P. Morgan, el director de Presupuesto Nacional, Jairo Bautista, afirmó que la administración cumplió con los límites establecidos en la regla fiscal, asegurando estabilidad en las cuentas públicas.

De cara a 2025, el Gobierno enfrentará desafíos en materia de financiamiento y asignación de recursos, en medio de un contexto económico que exige optimización del gasto sin comprometer la inversión social y el desarrollo de los sectores estratégicos.