La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 exintegrantes de las extintas Farc-EP, acusados de cometer graves hechos que afectaron a comunidades del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, dentro del Caso 05. Este proceso, que involucra más de 200.000 víctimas acreditadas, incluye a varios exlíderes de las Farc, incluidos mandos pertenecientes al Bloque Occidental y diversos frentes y columnas móviles del grupo armado.

La imputación surge después de un análisis exhaustivo de informes de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y las versiones colectivas presentadas por víctimas de estos hechos. Entre los acusados se encuentran antiguos miembros del secretariado de las Farc y de diversos frentes que operaron en la zona, señalados como responsables de actos que causaron un daño significativo a las comunidades de la región, en su mayoría indígenas y afrodescendientes.

La Sala de Reconocimiento de Verdad destacó que las acusaciones incluyen la ejecución de ataques directos a la población civil, el reclutamiento de menores, el uso de minas antipersonal, desplazamientos forzados, y graves impactos sobre la cultura, autonomía y organización social de las comunidades afectadas. Además, se evidenció la destrucción del medio ambiente y las limitaciones a las actividades productivas que eran esenciales para la subsistencia de las víctimas.

Entre los efectos directos de estos actos, se destacó la pérdida de liderazgo en los cabildos y consejos comunitarios, el desplazamiento forzado masivo y el deterioro de los territorios ancestrales, lo cual afectó de manera significativa la estructura social y cultural de las comunidades. Las víctimas presentaron ante la JEP cómo estas dinámicas alteraron sus formas de vida y las relaciones de justicia propias.

La imputación es el segundo acto formal dentro del Caso 05. Los acusados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si alguno de los acusados acepta su responsabilidad, se convocará una Audiencia de Reconocimiento, y tras ello, se dictarán las sanciones y acciones restaurativas correspondientes.

En caso de rechazo, el proceso será derivado a la Unidad de Investigación y Acusación para iniciar una ruta procesal de juzgamiento, lo que podría generar nuevas investigaciones y posibles condenas para los responsables.