El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha expresado su profunda preocupación por el recorte de presupuesto asignado para el año 2025, advirtiendo que este podría poner en riesgo las elecciones atípicas de ese año y las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Según el CNE, el Ministerio de Hacienda, a través del Decreto 0069 de 24 de enero de 2025, ha reducido en un 56,75% el presupuesto destinado a la entidad, lo que pone en peligro la organización y transparencia de los procesos electorales futuros.

La reducción en los fondos destinados al CNE afecta directamente diversas actividades clave para el desarrollo de los comicios, incluyendo las elecciones atípicas de 2025, como las de Consejos Municipales de Juventud, y las preparaciones para las elecciones del Congreso de la República y la Presidencia en 2026. El CNE señaló que esta disminución en los recursos dificulta la realización de auditorías, el acompañamiento de testigos electorales y el proceso de escrutinio general, lo que comprometería la transparencia de las elecciones. Además, el recorte impacta negativamente en el componente tecnológico utilizado para garantizar la integridad de los procesos electorales.

El CNE considera que la decisión de reducir significativamente el presupuesto carece de un criterio de proporcionalidad, ya que otras entidades no han experimentado recortes similares, lo que hace que la situación sea aún más preocupante.

Reacciones y solicitud al gobierno de Petro

Ante esta situación, el CNE ha anunciado que solicitará al gobierno del presidente Gustavo Petro que replantee esta decisión presupuestal y aclare la necesidad de aplicar un recorte de tal magnitud. La entidad también indicó que, si no se reconsidera el recorte, explorará las medidas jurídicas necesarias para impugnar lo dispuesto en el Decreto 0069.

Finalmente, el CNE hizo un llamado urgente para que el gobierno de Petro tome en cuenta los riesgos que este recorte puede representar para la democracia del país, advirtiendo que la falta de recursos podría impedir la realización de elecciones libres, justas y transparentes, fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático en Colombia.