El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que obligaba al congresista Miguel Polo Polo a disculparse públicamente con las víctimas de los denominados “falsos positivos”. La medida había sido impuesta inicialmente por el Juzgado 30 Civil de Bogotá tras un polémico acto realizado por el representante en la plazoleta del Congreso.

El caso se remonta al 6 de noviembre de 2024, cuando Polo Polo desechó en una bolsa de basura un conjunto de botas decoradas que habían sido instaladas por la Asociación de Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo) como homenaje a las personas ejecutadas extrajudicialmente. En su acción, Polo Polo cuestionó la cifra de 6.402 víctimas reportada oficialmente, generando indignación entre las familias afectadas y organizaciones de derechos humanos.

El incidente derivó en una acción de tutela, que el 6 de diciembre ordenó al congresista ofrecer disculpas por la supuesta vulneración a la dignidad de las víctimas. Sin embargo, Polo Polo apeló la decisión, argumentando a través de su abogado, Jhonatan Peláez, que el acto de protesta contra la instalación le generó “indignación como ciudadano” y que la cifra de víctimas no ha sido verificada oficialmente en su totalidad.

Argumentos y decisión del Tribunal

La Sala Civil del Tribunal de Bogotá resolvió a favor de Polo Polo, indicando que no se probó que su negativa a disculparse causara un “perjuicio irremediable” que justificara la intervención del juez constitucional. Además, el Tribunal destacó que no se agotaron previamente otros mecanismos para solicitar una rectificación al congresista, lo cual es un requisito legal para proceder con una tutela de este tipo.

El fallo revocatorio sostiene que la acción de tutela no puede ser utilizada como una vía para forzar disculpas públicas en casos donde no se demuestre un daño directo o grave a los derechos fundamentales. En consecuencia, la decisión inicial del Juzgado 30 Civil fue anulada, dejando sin efecto la obligación de Polo Polo de emitir una disculpa.

La resolución del Tribunal ha generado reacciones divididas. Por un lado, las familias de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su rechazo, calificando el fallo como un retroceso en el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. Por otro lado, Polo Polo celebró la decisión judicial, reafirmando su postura crítica frente a las cifras presentadas por organizaciones como Mafapo.

El caso ha reavivado el debate sobre el respeto a la memoria histórica y el papel de los funcionarios públicos en actos de reparación simbólica. A pesar de la controversia, el fallo del Tribunal marca un precedente en la interpretación de las acciones de tutela en Colombia frente a hechos que involucran la libertad de expresión y la dignidad de las víctimas.