Ante el incremento de la violencia en la región del Catatumbo, el Gobierno Nacional emitió un decreto que declara el estado de conmoción interior en el departamento de Norte de Santander y dos municipios del Cesar. Esta medida extraordinaria busca contener la crisis humanitaria y de seguridad generada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, que han dejado al menos 41 muertos y desplazado a unas 38.000 familias.

La declaratoria, oficializada en un documento de 19 páginas, tendrá una vigencia de 90 días y abarca la región del Catatumbo y los municipios de Río de Oro y González en el Cesar. En Norte de Santander, la medida incluye localidades como Ocaña, Ábrego, Tibú, El Tarra, Sardinata, y la ciudad de Cúcuta, así como otros municipios del área metropolitana: Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.

Medidas y acciones inmediatas

Con la implementación de la conmoción interior, el Gobierno busca establecer medidas de emergencia para controlar el orden público y mitigar la crisis humanitaria en estas regiones. Aunque el decreto establece el marco general de la declaratoria, se espera que en las próximas horas se expidan actos administrativos adicionales que definirán acciones concretas, tanto en el ámbito militar como económico.

El presidente Gustavo Petro adelantó que el Gobierno movilizará recursos para implementar un pacto social en el Catatumbo. Entre las iniciativas planteadas, destacó la financiación de programas de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y el fomento de la producción agrícola con cultivos como maíz, cacao y café.

Petro aseguró que la medida también permitirá ajustes presupuestales y, de ser necesario, la creación de nuevos impuestos para garantizar los fondos requeridos. El mandatario sostendrá reuniones con su equipo de Gobierno para establecer directrices específicas que fortalezcan las operaciones militares y las intervenciones sociales en la región.

Contexto de la crisis

El Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia, enfrenta una escalada de enfrentamientos armados entre grupos ilegales que disputan el control del territorio y las economías ilícitas. En la última semana, los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc han desencadenado una emergencia humanitaria sin precedentes, afectando gravemente a la población civil.

Además de las víctimas mortales y el desplazamiento masivo, comunidades locales han reportado la paralización de actividades económicas y educativas, así como restricciones a la movilidad debido a la presencia de minas antipersonal y enfrentamientos armados.

La declaratoria de conmoción interior ha generado diversas reacciones entre líderes políticos y sociales. Mientras algunos sectores respaldan la medida como necesaria para restablecer el orden público, otros llaman la atención sobre la necesidad de priorizar soluciones estructurales que atiendan las causas de fondo del conflicto en la región.

El Gobierno enfrenta ahora el reto de coordinar una respuesta efectiva que combine operativos de seguridad con iniciativas sociales y económicas que promuevan la estabilización del Catatumbo y brinden alternativas sostenibles a sus habitantes.