El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue de más de 2.000 militares en la frontera con Colombia, asegurando que su objetivo es brindar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por la crisis en la región del Catatumbo. La medida responde al aumento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, enfrentamientos que han dejado más de 80 muertos y provocado el desplazamiento de más de 32.000 personas, según cifras oficiales.

Maduro afirmó que las fuerzas venezolanas están preparadas para apoyar a las poblaciones afectadas, proporcionando «paz, estabilidad y tranquilidad». En una transmisión televisiva, señaló que las tropas, coordinadas con autoridades colombianas, trabajarán en acciones conjuntas para atender la emergencia. Por su parte, Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que el operativo busca garantizar asistencia humanitaria en medio de los combates en el Catatumbo.

El desplazamiento masivo comenzó a intensificarse el pasado sábado, cuando se difundieron imágenes de familias completas cruzando la frontera hacia territorios venezolanos, como Casigua El Cubo, capital del municipio Jesús María Semprún en el estado Zulia. Allí, junto con García de Hevia en Táchira, las autoridades venezolanas han concentrado esfuerzos para garantizar el orden y atender a los refugiados.

Además de la movilización militar, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) inició un censo en la región para evaluar las necesidades de los desplazados. Las imágenes de familias huyendo con sus pertenencias han evidenciado la gravedad de la crisis humanitaria.

La militarización ocurre en un contexto de tensiones políticas y sociales. Venezuela ha sido un actor clave en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, rol que quedó en suspenso tras la suspensión de los diálogos por parte del presidente Gustavo Petro. Estas conversaciones, que inicialmente buscaban avanzar hacia la «paz total», se habían retomado en Caracas tras años de ruptura diplomática durante el gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, el estatus de Venezuela como garante de las negociaciones ha sido cuestionado, en parte debido a la crisis política interna tras la reelección de Nicolás Maduro, ampliamente criticada por la comunidad internacional. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de los procesos de paz y sobre la capacidad de las partes involucradas para abordar la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera.

Maduro concluyó su pronunciamiento destacando que las autoridades venezolanas continuarán monitoreando la situación y brindando apoyo a las comunidades afectadas, aunque persisten dudas sobre las implicaciones de esta militarización en la ya compleja relación entre ambos países.