El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, criticó la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la solicitud presentada por el antiguo Secretariado de las Farc para unificar los procesos judiciales en su contra en una única resolución de conclusiones. Según el excomandante guerrillero, esta medida afecta la seguridad jurídica de los firmantes del acuerdo de paz y evidencia retrasos en la implementación de los compromisos adquiridos.

En su pronunciamiento, Londoño expresó preocupación por el impacto de esta decisión en las regiones más vulnerables, como el Catatumbo, donde el conflicto armado sigue dejando víctimas. «Más de 450 firmantes de la paz han sido asesinados desde la firma del acuerdo, al menos 8 de ellos en el Catatumbo», aseguró, señalando que la falta de garantías de seguridad ha incrementado los riesgos para los excombatientes.

El líder político enfatizó que la violencia persistente en el Catatumbo refleja la situación que se vive en otras zonas del país, donde los grupos armados han dejado de lado cualquier ideología política para centrarse en actividades motivadas por intereses económicos. «Los grupos armados, desprovistos de cualquier ideario político, han hecho de su codicia económica el motor de su actividad militar», afirmó.

Londoño también cuestionó la efectividad de la política gubernamental de paz total, destacando que su éxito depende no solo de la voluntad estatal, sino también de un compromiso real de las partes implicadas para abandonar las armas. “La oferta de paz del gobierno es generosa y bien intencionada, pero no puede tener éxito si la contraparte no muestra voluntad de desmontar su aparato de guerra”, dijo.

En su declaración, el presidente del Partido Comunes hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para corregir las falencias en la implementación del acuerdo de paz. Instó a garantizar la seguridad de los firmantes y acelerar las medidas necesarias para consolidar la paz en las regiones afectadas por el conflicto armado.

Esta no es la primera vez que Londoño critica a la JEP. En 2022, envió una carta al presidente Petro cuestionando la apertura de múltiples macrocasos por parte de la jurisdicción especial, argumentando que esta práctica prolonga los procesos judiciales y aumenta la incertidumbre para los excombatientes. En respuesta, la JEP ha defendido su mandato, afirmando que no corresponde a los firmantes influir en la forma en que se cumplen sus funciones constitucionales.

Londoño concluyó su intervención resaltando la urgencia de fortalecer las garantías de seguridad y justicia para consolidar una paz que beneficie a todas las regiones del país.