El juicio oral contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, relacionado con un caso de presunta manipulación de testigos, ha sido aplazado indefinidamente. La decisión fue tomada por el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, debido a que el Tribunal Superior aún no ha resuelto los recursos de apelación presentados por la defensa del exmandatario y la Procuraduría.

El proceso, inicialmente programado para iniciar el 23 de enero, quedó en suspenso mientras se resuelven aspectos clave relacionados con las pruebas que podrán ser utilizadas durante el juicio. Uno de los puntos más controvertidos es la legalidad de las interceptaciones telefónicas entre Álvaro Uribe y su entonces abogado Diego Cadena, las cuales han sido señaladas por la defensa como inadmisibles por violar el principio de confidencialidad abogado-cliente.

El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, presentó un recurso solicitando la exclusión de estas interceptaciones, argumentando que son ilegales y afectan el debido proceso. Por su parte, el delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, apoyó esta solicitud, enfatizando que las comunicaciones entre un cliente y su abogado están protegidas por el sigilo profesional.

Este aplazamiento se produce tras una decisión previa de la juez Sandra Heredia, quien había autorizado el uso de dichas interceptaciones como pruebas en el juicio. La falta de resolución de las apelaciones deja en el aire el inicio del proceso judicial y genera incertidumbre sobre el manejo de estas pruebas.

Uribe, quien ha calificado este caso como una persecución con “enorme connotación política”, sostiene que su abogado, Diego Cadena, actuó como investigador en 2018 y que no incurrió en actividades ilegales. “Yo no mandé al doctor Cadena a sobornar testigos. Lo envié a corroborar información y buscar la verdad. Él dio ese dinero sin consultarme. Le creo que lo hizo por razones humanitarias”, afirmó el exmandatario.

El caso, que involucra acusaciones de soborno en actuación penal y fraude procesal, ha polarizado la opinión pública en Colombia, dada la prominencia política de Uribe. Este aplazamiento marca un nuevo capítulo en un proceso que ha estado rodeado de tensiones judiciales y políticas, mientras el país espera que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie sobre las apelaciones presentadas.