La decisión del presidente Gustavo Petro de decretar la conmoción interior y la emergencia económica en el Catatumbo ha generado críticas desde sectores de oposición, que consideran que estas medidas podrían ser usadas para reintroducir impuestos rechazados en la reciente reforma tributaria.

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresó su preocupación sobre la intención detrás de la emergencia económica: “Esto permite al presidente lograr, por la puerta de atrás, lo que no pudo conseguir en el Congreso: crear o modificar impuestos con la justificación de lo que sucede en el Catatumbo.”

El opositor añadió que los problemas de la región no requieren de estados de excepción, sino de una política firme contra las guerrillas y el narcotráfico: “Al Catatumbo se le recupera combatiendo a los grupos ilegales, erradicando cultivos ilícitos y eliminando beneficios que han fortalecido a los criminales, como el estatus de gestores de paz y los ceses al fuego.”

Por su parte, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno use esta emergencia para imponer una «reforma tributaria simulada» a través de decretos sin pasar por el Congreso: “No queremos que se utilicen estas facultades extraordinarias para expedir una ley de financiamiento disfrazada. Las reformas tributarias deben ser discutidas en el Congreso y justificadas plenamente.”

Blanco recordó que, aunque el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley durante los estados de excepción, estas medidas son revisadas por la Corte Constitucional, la cual ya ha mostrado resistencia frente a emergencias previas, como ocurrió en La Guajira.

El precedente de La Guajira

La Corte Constitucional, en un fallo reciente, rechazó algunas disposiciones adoptadas bajo el estado de emergencia en La Guajira por considerarlas injustificadas. La oposición confía en que, de ser necesario, el tribunal podría frenar cualquier intento de usar la emergencia del Catatumbo para fines fiscales

El Ejecutivo, por su parte, argumenta que las medidas son necesarias para enfrentar una de las peores crisis humanitarias y de orden público en el Catatumbo, con más de 80 muertos y cerca de 20.000 desplazados. El Gobierno asegura que la prioridad es proteger a la población y restaurar el control en una región que ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado.

La situación plantea un delicado equilibrio entre la necesidad de actuar ante la crisis y los límites constitucionales sobre el uso de los estados de excepción, lo que seguramente generará un amplio debate en los próximos días.