El presidente Gustavo Petro declaró este lunes el estado de conmoción interior y la emergencia económica en la región del Catatumbo, afectada por una grave crisis humanitaria y de seguridad derivada de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. La medida tiene como objetivo enfrentar la violencia y atender de manera inmediata las necesidades de las comunidades impactadas.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de su cuenta de X, donde afirmó: “Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia”.

El estado de conmoción interior está estipulado en el artículo 213 de la Constitución de 1991 y se aplica en casos de grave perturbación del orden público que amenacen la estabilidad institucional y la seguridad del Estado. La figura permite la suspensión temporal de ciertas garantías y derechos para implementar acciones urgentes y extraordinarias que no son posibles bajo las normativas habituales.

La duración inicial de esta medida será de 90 días, pero podría extenderse por dos periodos adicionales si el Senado de la República otorga su aprobación. Durante este tiempo, el gobierno podrá expedir decretos con fuerza legislativa que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional, la cual evaluará su legalidad y pertinencia.

A pesar de la implementación de estas facultades excepcionales, la Constitución establece límites claros: no pueden suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, y el funcionamiento de las ramas del poder público debe continuar de manera normal.

Una región golpeada por la violencia

El Catatumbo atraviesa una de sus peores crisis en años. Más de 100 personas han sido asesinadas recientemente, incluyendo líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. La región, caracterizada por su alta vulnerabilidad, también enfrenta desafíos relacionados con el narcotráfico, la migración y el abandono estatal.

El gobierno de Gustavo Petro busca no solo controlar la situación mediante el despliegue militar, sino también implementar transformaciones económicas y sociales en el territorio, orientadas a reducir las causas estructurales del conflicto.

La medida refleja el interés del Ejecutivo en priorizar la protección de las comunidades afectadas y garantizar la convivencia ciudadana, mientras se mantiene un balance entre las necesidades de seguridad y el respeto por las normas democráticas.