El presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de estados de conmoción interior y emergencia económica para afrontar la grave crisis de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander. Los combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc han dejado cerca de 100 muertos y más de 11.000 desplazados, convirtiéndose en lo que la Defensoría del Pueblo calificó como “una de las crisis humanitarias más grandes y graves” de la región.

Sin embargo, el anuncio presidencial ha generado cuestionamientos. El exministro Mauricio Cárdenas expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno utilice estos estados de excepción para introducir impuestos que fueron rechazados en el Congreso, como el impuesto al patrimonio.

Advertencia a Petro

Cárdenas enfatizó que las medidas deben estar enfocadas exclusivamente en atender la emergencia humanitaria y no en resolver problemas fiscales del Gobierno. “Busque soluciones para el Catatumbo. Es posible que se requieran ingresos adicionales para enfrentar la situación, pero no para las necesidades fiscales del Gobierno nacional”, declaró.

Además, Cárdenas subrayó que para justificar el estado de emergencia económica, el Gobierno debe demostrar que la crisis es un hecho sobreviniente, es decir, que surgió de manera repentina y extraordinaria. “Lo que ocurre en el Catatumbo es parte de un problema que se ha denunciado durante años: los grupos armados están utilizando la estrategia de paz total para controlar el territorio y lucrarse del narcotráfico”, afirmó.

Medidas específicas y precedentes

El exministro recordó el caso de Mocoa, donde se declaró un estado de excepción para enfrentar las consecuencias de un desastre natural. Las medidas fueron específicas para la región, como la eliminación temporal del IVA. Cárdenas instó al Gobierno a actuar de manera similar: “No se le ocurra hacer una reforma tributaria por la puerta de atrás, escudándose en el dolor de la gente del Catatumbo”.

Los municipios de Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Acarí, Ábrego y San Calixto son los más afectados por la violencia, que incluye asesinatos, desplazamientos masivos y secuestros. La situación ha provocado el temor y la desesperanza entre la población civil.

Aunque los decretos que formalizarán los estados de excepción aún no han sido expedidos, el debate sobre su alcance y propósito ya está encendido. Para algunos sectores, como el representado por Cárdenas, es fundamental garantizar que las herramientas legales extraordinarias se utilicen únicamente para mitigar la crisis humanitaria y restablecer el orden público en la región.