El Congreso de la República ha sido convocado para evaluar las razones detrás de la declaración de conmoción interior emitida por el presidente Gustavo Petro. La medida, tomada en respuesta a la crítica situación de violencia en el Catatumbo, busca otorgar al Gobierno facultades extraordinarias para restaurar el orden en esta región afectada por enfrentamientos armados.

De acuerdo con la Constitución, esta convocatoria debe realizarse dentro de los tres días siguientes a la declaratoria. Durante esta reunión, el Gobierno deberá exponer las justificaciones que sustentan la decisión, permitiendo al Congreso y al país conocer de manera detallada la magnitud de la crisis en el Catatumbo y las acciones previstas para abordarla.

Según el artículo 213 de la Constitución, el estado de conmoción interior puede ser decretado cuando existan perturbaciones graves del orden público que amenacen la estabilidad institucional y que no puedan ser resueltas mediante mecanismos ordinarios. La ley también establece que mientras esta medida esté vigente, el Gobierno deberá presentar informes mensuales al Congreso sobre el avance de la situación, las acciones implementadas y las investigaciones relacionadas con posibles abusos de las facultades especiales otorgadas.

El secretario general del Senado, Diego González, explicó que el objetivo principal de esta reunión es garantizar la transparencia en la aplicación de la medida. “El Congreso debe conocer las razones específicas que fundamentaron esta decisión. Esto no solo asegura que se mantenga el control político, sino que también informa al país sobre el alcance de las medidas adoptadas”, señaló.

Sin embargo, la declaratoria ha generado críticas de sectores de oposición, quienes advierten sobre un posible uso de la conmoción interior para emitir decretos que trasciendan la crisis en el Catatumbo. Entre las preocupaciones, se encuentra la posibilidad de que el Gobierno emplee las facultades extraordinarias para modificar aspectos fiscales o presupuestales, lo que podría desviar el enfoque de la medida.

El presidente Petro, al anunciar la declaratoria, aseguró que la prioridad del Gobierno es proteger a las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Esta región del país ha sido escenario de desplazamientos masivos y actos de violencia que han agravado la crisis humanitaria.

Con la reunión del Congreso en camino, el debate político estará centrado en garantizar que la medida sea utilizada exclusivamente para enfrentar la emergencia en el Catatumbo y en establecer controles efectivos para evitar abusos o desviaciones en su aplicación.