El presidente Gustavo Petro aumentó a 75 el número de gestores de paz designados bajo la Ley 2272 de 2022, lo que ha desatado fuertes críticas. Según denunció el concejal bogotano Julián Uscátegui, los beneficiados incluyen exintegrantes de grupos armados ilegales como las Farc, el ELN y las AUC, quienes acumulan condenas judiciales que suman 1.246 años de prisión por crímenes graves.

Uscátegui afirmó que los nombramientos han permitido que estas personas evadan sus penas por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, terrorismo, reclutamiento de menores y narcotráfico, lo que considera una revictimización para quienes sufrieron los impactos del conflicto armado. Además, señaló que algunos de los designados habrían eludido procesos judiciales en Estados Unidos.

“El nombramiento de estos criminales como gestores de paz es un monumento a la impunidad y una ofensa para las víctimas. La paz no llegará a Colombia premiando con libertad, impunidad y esquemas de seguridad a los peores criminales de este país”, declaró el concejal.

Entre los 75 gestores de paz designados se encuentran 16 exmiembros de las AUC, 16 guerrilleros del ELN, 7 de las Farc, y 25 cuya filiación a grupos armados no ha sido precisada. Críticos del gobierno aseguran que esta medida pone en duda la legitimidad del proceso de paz impulsado por Petro.