La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que el número de personas con medidas de protección en el país superó las 15.000, alcanzando un nivel sin precedentes. Según el director de la entidad, Augusto Rodríguez, el incremento se debe al aumento en las solicitudes de seguridad y los estudios de riesgo realizados en todo el territorio.

Actualmente, la UNP garantiza medidas de protección a 15.015 personas en la ruta individual y a 318 comunidades en la ruta colectiva. Para cumplir con esta tarea, cuenta con una flota de 5.200 vehículos, entre los que se incluyen 3.040 blindados y otros convencionales.

Sin embargo, la entidad enfrenta un panorama fiscal complicado. Rodríguez explicó que, aunque se proyectaron 4 billones de pesos para 2025, el presupuesto aprobado es de 2,5 billones, lo que obliga a tomar medidas de austeridad.

“Debemos ser eficaces en la racionalización del gasto, priorizar la protección de quienes realmente están en riesgo y garantizar recursos para atender la seguridad en un año electoral y frente a posibles procesos de desmovilización”, señaló el funcionario.

Protección de líderes sociales y avances en seguridad

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, informó que más de 10.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos están incluidos en las medidas de protección actuales. Aunque destacó una reducción en los homicidios de líderes sociales durante 2024, con 173 casos frente a cifras superiores en años anteriores, subrayó que el reto sigue siendo erradicar completamente los ataques contra esta población.

“No basta con reducir las cifras; el objetivo debe ser alcanzar niveles de cero violencia. Los esfuerzos de la UNP, aunque históricos, son insuficientes para resolver estructuralmente el problema de seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia”, declaró el ministro.

Cristo enfatizó la necesidad de enfocar las políticas de seguridad en la transformación de los territorios más afectados por la violencia. La «territorialización de la paz», según el ministro, es clave para abordar las dinámicas actuales, donde operan múltiples actores armados.

Entre las acciones previstas, mencionó el fortalecimiento de las negociaciones con grupos armados, la aprobación de leyes como la Ley de Jurisdicción Agraria, la extensión de las zonas PDET hasta 2038 y el impulso a proyectos que promuevan la autonomía territorial.

Proyecciones y desafíos

Con la llegada de nuevos procesos de paz y un aumento previsible en las solicitudes de protección, la UNP deberá ajustar sus estrategias para garantizar la seguridad de las personas en riesgo. Según Rodríguez, será crucial optimizar los recursos disponibles, evitar casos de protección injustificada y priorizar la seguridad en contextos críticos, como las elecciones y los acuerdos de desmovilización.

La protección de más de 15.000 personas representa un hito, pero también evidencia la necesidad de avanzar hacia soluciones de fondo que garanticen la seguridad en las regiones y consoliden la paz en el país.