La próxima toma de posesión de Nicolás Maduro, programada para el 10 de enero, coloca al Gobierno colombiano en un dilema diplomático. Enviar un representante al evento podría interpretarse como un aval al chavismo, pero ausentarse podría dañar las relaciones bilaterales que son clave para la agenda de Gustavo Petro, especialmente en términos de seguridad fronteriza y política de paz.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, lo que hace que su relación sea inevitablemente cercana. Desde la reapertura de los límites, la dinámica comercial y migratoria se ha reactivado, beneficiando a comunidades en ambos lados. Además, Venezuela juega un rol fundamental como garante en las negociaciones con el ELN, pieza clave del proyecto de ‘Paz Total’ del Gobierno Petro. Ignorar este evento podría poner en riesgo acuerdos esenciales para la seguridad regional y la estabilidad fronteriza.

Aunque el Gobierno colombiano confirmó que su embajador en Caracas, Milton Rengifo, asistirá al evento, la oposición ha criticado esta decisión como un gesto que valida un proceso electoral cuestionado. En el Congreso, se aprobó una proposición instando al presidente Petro a no enviar ningún delegado. Sin embargo, la cancillería ha sido clara: la asistencia no implica un reconocimiento formal de los resultados. Para Petro, la decisión también representa un reto político interno, ya que enfrenta cuestionamientos sobre su cercanía ideológica con el chavismo.

A nivel regional, las posturas también están divididas. Mientras Chile y Argentina han optado por no enviar representantes, países como Brasil y México mantienen un enfoque pragmático. Brasil busca posicionarse como mediador en la crisis política venezolana, mientras que México sigue defendiendo su política de no intervención. En contraste, críticas más duras, como las del chileno Gabriel Boric, destacan que la situación en Venezuela trasciende ideologías y pone en juego principios democráticos fundamentales.

Mientras tanto, la oposición venezolana sigue denunciando irregularidades en las elecciones de 2024, con movilizaciones convocadas por María Corina Machado para el día de la posesión. Este contexto agrega tensión a la ya compleja relación entre Caracas y sus vecinos.

La posesión de Maduro obliga a Colombia a maniobrar cuidadosamente entre sus principios ideológicos y sus intereses prácticos. Enviar un representante al evento podría evitar tensiones inmediatas con Caracas, pero también alimenta críticas sobre la coherencia del Gobierno Petro en temas de derechos humanos y democracia. En un momento de transformación regional, cada gesto diplomático cuenta, y la decisión de Colombia será observada con atención tanto dentro como fuera del país.