TUIT: «Tengo la ligera IMPRESEON, que a partir de hoy Nicolás y Diosdado le ordenan a sus bots, empezar con la demonización del
Camarada y paisano Gustavo Petro, por no querer apoyarlo en el robo de las elecciones. ¡QUE EMPIECE EL JUEGO!»: César Moya

El reciente enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo ha alcanzado un nuevo nivel de tensión, evidenciando el estado de nerviosismo del régimen venezolano ante la falta de reconocimiento internacional. Todo comenzó con la ratificación por parte de Murillo de que Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente las actas que respalden su transparencia, algo que ha desatado una furiosa reacción desde Caracas.

El canciller venezolano, Yván Gil, no tardó en lanzar una amenaza directa contra el ministro Murillo: “Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos”. Apenas horas después de este anuncio, medios progubernamentales venezolanos, como Venezuela News, comenzaron una campaña de desprestigio contra Murillo, alegando que el canciller está inhabilitado para ejercer cargos públicos debido a una antigua condena por peculado por aplicación oficial diferente, un caso que en realidad ya no tiene validez jurídica.

La reacción desesperada de Venezuela: ¿por qué ahora?

El ataque coordinado desde Venezuela contra Murillo parece más una reacción de desesperación y presión que un argumento fundamentado. En su canal de Telegram, Yván Gil calificó al canciller colombiano de “pusilánime” y sugirió que sus comentarios eran dictados por la “ultraderecha y los Estados Unidos”. Incluso Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, señaló que Murillo es un “empleado del Departamento de Estado de EE. UU.” y cuestionó la legitimidad de Colombia para intervenir en los asuntos venezolanos.

Sin embargo, la campaña de desprestigio no se detuvo ahí. Siguiendo la amenaza de Gil, la maquinaria mediática del régimen desplegó bots y trolls en redes sociales, tal y como lo predijo en un tuit el venezolano opositor al régimen de Maduro, César Moya, para difundir la noticia de la supuesta inhabilidad de Murillo. Estas cuentas, muchas de las cuales fueron identificadas como falsas, se enfocaron en un antiguo caso de peculado que ha sido jurídicamente resuelto desde 2015.

El caso Murillo, una historia cerrada legalmente

Los hechos se remontan a 1997, cuando Luis Gilberto Murillo fue condenado por peculado por aplicación oficial diferente. El origen del caso se encuentra en un contrato firmado en 1994, cuando se desempeñaba como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó).

En este contrato, Murillo destinó cinco (5) millones de pesos colonbianos, de fondos destinados a saneamiento minero, para reparar el techo de una escuela en Andagoya, Chocó, con la intención de garantizar la seguridad de los niños que a ella asistían. Según sus propias palabras, lo hizo “para que el techo no les cayera a unos niños de 5 y 7 años”. Aunque legalmente esto constituyó un desvío de fondos públicos, el objetivo fue proteger a los estudiantes, y no hubo enriquecimiento personal ni daño económico al Estado.

En 2015, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, aplicó el principio de favorabilidad, un concepto jurídico que permite aplicar retroactivamente leyes más benignas, anulando la inhabilidad perpetua que le impedía ocupar cargos públicos. Esto restableció plenamente sus derechos políticos, permitiéndole desempeñar funciones oficiales sin restricciones legales.

Desde entonces, Murillo ha podido ejercer funciones públicas sin restricciones, y su trayectoria posterior ha sido reconocida por su compromiso con el servicio público. Cualquier intento de revivir este caso para desacreditarlo carece de fundamento legal y solo se entiende como un ataque político.

El miedo de Maduro ante la presión internacional

La virulencia del ataque contra Murillo, revela más sobre el estado de tensión y vulnerabilidad del gobierno de Maduro, que sobre la figura del canciller colombiano. La negativa de Colombia a reconocer los resultados electorales en Venezuela ha dejado al régimen sin uno de los apoyos regionales más importantes que esperaba mantener. La furia de Gil y los ataques de Cabello, demuestran el miedo a un aislamiento cada vez más cercano, especialmente en un contexto donde la oposición venezolana sigue luchando por condiciones electorales justas y donde las presiones internacionales no cesan.

El hecho de que Murillo haya mantenido una postura firme en defensa de la democracia y la transparencia electoral, incluso a costa de enfrentarse a un régimen tan poderoso como el de Maduro, habla de su compromiso con los principios democráticos. Esta firmeza ha incomodado profundamente a los líderes chavistas, quienes ahora recurren a ataques personales para desacreditar a alguien, que por su cargo y su influencia en la política exterior, representa un obstáculo significativo para sus planes de legitimación.

Las implicaciones políticas de los ataques

El hecho de que el régimen chavista recurra a una campaña de desprestigio basada en un antiguo caso de peculado que ya no tiene validez legal, pone en evidencia su vulnerabilidad. Al no poder ofrecer argumentos sólidos para justificar la falta de transparencia en las elecciones, los líderes venezolanos buscan socavar la credibilidad del canciller colombiano.

Mientras tanto, Luis Gilberto Murillo continúa defendiendo la democracia y la legalidad, consciente de que el costo político de sostener una postura firme es alto, pero necesario para mantener la integridad de los procesos electorales en la región.

Por Jairo Castillo