TUIT: «Ha comenzado el golpe de Estado». Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro ha lanzado una acusación fuerte y polémica: el Consejo Nacional Electoral (CNE) está preparando el terreno para un «golpe de Estado institucional». Aunque la noción tradicional de golpe de Estado suele involucrar el uso de la fuerza militar, Petro ha señalado que el verdadero peligro en su caso proviene de un golpe legal que, a través de mecanismos administrativos, busca desestabilizar y eventualmente removerlo del poder.

Esta acusación ha polarizado a la opinión pública, dividiendo a quienes creen que Petro está exagerando para victimizarse, y aquellos que ven en las acciones del CNE y otros sectores de poder, un intento coordinado para deslegitimar su mandato. ¿Tiene sustento la percepción del presidente? Si bien no se han desplegado tanques ni tropas en las calles, el proceso administrativo iniciado por el CNE puede tener consecuencias políticas profundas, que podrían culminar en su destitución.

Petro utiliza el término «golpe de Estado» para referirse a lo que percibe como una serie de maniobras institucionales destinadas a sacarlo del poder, sin la necesidad de recurrir a la violencia. Esta táctica, según su visión, tiene precedentes en otros países de América Latina, donde mandatarios han sido removidos a través de procesos legales, disfrazados de legitimidad, pero con un claro trasfondo político.

El presidente colombiano se enfrenta a una investigación del CNE por presuntas irregularidades en los topes de financiación de su campaña de 2022. El Consejo ha presentado cargos alegando que Petro y su coalición Pacto Histórico excedieron los límites de financiación permitidos, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. Las cifras mencionadas son significativas: 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y 1.600 millones de pesos en la segunda. Además, el CNE sugiere que la campaña pudo haber recibido fondos de entidades no autorizadas, lo que agrava la situación.

Para Petro, la aparentemente inofensiva revisión administrativa, representa una amenaza directa a su permanencia en el cargo. Si bien el CNE no tiene la facultad de destituir a un presidente, podría abrir la puerta para que el Congreso inicie un juicio de indignidad en su contra, si se encontraran pruebas suficientes de irregularidades graves. Esto, en esencia, es lo que Petro define como el verdadero golpe en curso.

El Consejo Nacional Electoral, liderado en este proceso por el magistrado César Lorduy, ha defendido su actuar como un proceso legal y legítimo, amparado en su mandato de fiscalizar la financiación de las campañas políticas en Colombia. El CNE tiene la potestad de investigar irregularidades en los gastos de campaña, y según su interpretación de la ley, cualquier violación de los topes de financiación debe ser sancionada, sin importar quién esté en el cargo.

Sin embargo, desde la perspectiva de Petro, el CNE está siendo utilizado como una herramienta política para facilitar su destitución. El presidente ha expresado que los cargos presentados en su contra no solo carecen de fundamento, sino que están siendo impulsados por figuras políticas opositoras, como el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. Para él, estas figuras representan un grupo de poder en el país, que fue incapaz de vencerlo en las urnas y que ahora busca removerlo por vías legales.

El proceso en curso no debe ser subestimado. Si bien el CNE reconoce en que no busca destituir a Petro, la formulación de cargos por financiación irregular podría escalar rápidamente y convertirse en un caso que termine en el Congreso. Allí, los opositores de Petro tendrían la oportunidad de utilizar estos cargos como base para un juicio de indignidad que eventualmente podría terminar en su destitución.

Petro ya ha advertido que este procedimiento tiene claros paralelismos con lo que ha ocurrido en otros países de la región, donde se han utilizado mecanismos administrativos y judiciales para remover a presidentes electos democráticamente. Este tipo de golpe de Estado «blando» se caracteriza por el uso de instituciones que, si bien operan dentro del marco legal, son instrumentalizadas para un propósito político más amplio: el derrocamiento del presidente bajo la apariencia de legalidad.

Para la izquierda colombiana, la investigación del CNE no es más que una táctica de desgaste, diseñada para erosionar la legitimidad de su gobierno y poner a prueba la resistencia de su base de apoyo. Al convertir un proceso administrativo en un escándalo político, los opositores de Petro podrían estar buscando generar el clima necesario para que el Congreso lo destituya.

Desde la perspectiva de Petro, esto es parte de un plan coordinado que busca debilitar su gobierno desde el principio, en el que sectores que nunca aceptaron su victoria electoral ven en esta investigación una oportunidad para desacreditar su gestión ante la opinión pública. Al alentar la percepción de corrupción en su campaña, estos sectores esperan erosionar la confianza en el gobierno, generando un escenario en el que su destitución podría parecer más justificada.

La internacionalización de este conflicto por parte del gobierno, con la denuncia ante el cuerpo diplomático y el respaldo del canciller Luis Gilberto Murillo, busca alertar sobre el supuesto golpe en curso, y movilizar apoyos externos que refuercen la defensa del fuero presidencial. Esta es una estrategia clave para proteger a Petro de lo que considera una emboscada política que podría terminar en su destitución.

Aunque no hay armas ni militares involucrados, la percepción de Gustavo Petro sobre el proceso iniciado por el CNE es clara: “estamos ante el inicio de un golpe de Estado”. Si bien se trata de un golpe institucional o legal, el resultado que Petro prevé es el mismo: su remoción del cargo a través de un juicio político. La pregunta que queda en el aire es si este proceso realmente se mantendrá en los márgenes de la legalidad o si, como teme el presidente, será instrumentalizado para conseguir lo que sus adversarios no lograron en las urnas.

El desenlace de este conflicto no solo definirá el futuro de Gustavo Petro como presidente, sino también el equilibrio de poder en las instituciones colombianas.

Por Jairo Castillo